“¿Todo estuvo bien? Es posible que no, siempre se pudo hacer mejor. ¿Se pudieron haber cometido actos ilícitos? Puede ser, pero el acto ilícito es de quien lo comete, no de la administración”. El ex presidente de la Junta Manuel Chaves admitió en la comisión de investigación de los cursos de formación que se pudieron cometer ilegalidades, pero de parte de los particulares, de aquellos empresarios que consiguieron los contratos de la Junta. La tesis de Manuel Chaves, que es la misma del PSOE, es que si algún empresario obtuvo márgenes excesivamente altos o si alguno defraudó a la Seguridad Social, la culpa sería en cualquier caso de los contratantes.

“No podían tener beneficios por ley, sí un margen del 20% para gastos; pero si alguno dice que tuvo más del 20% o si obtuvo beneficios, cometía una ilegalidad, pero él, no la administración”, señaló. Manuel Chaves hizo una defensa de la efectividad de estos cursos que, posteriormente, fueron paralizados por Susana Díaz en 2012, y sostuvo que sí tuvieron una repercusión positiva sobre la creación de empleo. A este respecto, recordó que en su último año de mandato, el de 2008, la tasa de paro en Andalucía fue del 14,78% cuando hoy es del doble. “Se hizo una gestión útil, razonable y eficaz”, resumió. “No soy tan soberbio como para no admitir que debí cambiar cosas en mi vida, tanto en la política como en la persona, pero sí, creo que fue eficaz y dio resultados, porque la tasa de paro en 2007 era del 12%”, respondió a la parlamentaria Marta Bosquet, de Ciudadanos, cuando ésta le preguntó si se reafirmaba en su valoración positiva.

La comisión de investigación del fraude de los cursos vivió uno de sus días más importantes, aunque no concluyentes, con las declaraciones de los ex presidentes Chaves y José Antonio Griñán y de la ex consejera de Educación Mar Moreno. Durante el mandato de ésta, en 2013, las competencias de estos cursos de formación profesional pasaron de Empleo a Educación, aunque desligó la decisión de cualquier indicio de fraude. La Consejería de Empleo comenzó a estar manchada entonces por el caso de los ERE, y el presidente Griñán optó por sacar de este departamento las políticas más dudosas. Aunque fue Susana Díaz quien paró las convocatorias de los cursos, la última corresponde a 2011. Estas políticas de empleo aún no se han recuperado.

El diputado del PP, Miguel Ángel Torrico, le preguntó en varias ocasiones por qué cree que Susana Díaz paralizó las convocatorias. “Pregúnteselo usted mañana”, respondió Chaves en una decena de ocasiones en referencia a la comparecencia de hoy. Una vez tras otra, ésa fue la respuesta, y es que Susana Díaz ha explicado en varias ocasiones que los paró para evitar cualquier sombra de duda. Torrico le leyó las declaraciones de la presidenta en las que justificaba esa supresión, a lo que Chaves siempre respondió del mismo modo. Indudablemente, ésa es la cuestión que hoy deberá abordar la actual mandataria del Gobierno andaluz: ¿Por qué? El PP optó por sustituir a su habitual interrogadora, la parlamentaria Teresa Ruiz Sillero, a la que se conoce por su dureza, por Miguel Ángel Torrico.

Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán están imputados en el caso de los ERE, unas ayudas que también salieron de la Consejería de Empleo. Esta misma semana se conocerá el auto por el que se les procesa, pero ninguno está imputado por el fraude de los cursos. Mar Moreno llegó a estar imputada por los ERE, pero el Tribunal Supremo archivó su causa. Esta tarde comparece la presidenta Susana Díaz. Será ella quien cierre este primer turno de comparecencias, a la que también estaba llamada la ministra Fátima Báñez, aunque no asistió al esgrimir un informe del Consejo de Estado que la salvaba de esta obligación.

Lo que Mar Moreno sostuvo es que la reglamentación de la Junta de Andalucía era más estricta que en otras comunidades. Por eso se hicieron “exceptuaciones”, eran excepciones a una regla por la que los empresarios y las entidades contratantes debían justificar las ayudas antes de competir en otra convocatoria. Uno de los asuntos polémicos de este fraude es que se hicieron 1.167 exceptuaciones a empresas; es decir, que se les permitió acceder a las ayudas sin haber justificado las anteriores. Según Mar Moreno, en otras comunidades no era necesaria tal justificación. Los ex consejeros de Empleo sostuvieron que las exceptuaciones que se aprobaron venían motivadas por atascos en la tramitación. Chaves recordó que “la exceptuación no es una exoneración, no es un perdón”. Susana Díaz dio la orden en 2014 para que se hiciesen públicas los nombres de las empresas que se vieron beneficiadas por estas medidas.  

El fraude de los cursos de formación para el empleo se conoce a través de diversas investigaciones judiciales. Distintos juzgados andaluces, más de una decena (ahora son 12, aunque llegaron a ser 18), estudian posibles ilegalidades. Algunos de ellos se deben a un fraude a la Seguridad Social por parte de empresarios o a cursos que nunca se llegaron a dar. La juez Mercedes Alaya abrió una investigación paralela, a consecuencia de la cual se imputó a tres ex consejeros de Empleo (Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio) y a decenas de cargos intermedios. Un informe de la Guardia Civil sostiene que hubo 980 millones de euros sin justificar. Uno de las asociaciones que realizabas los cursos era la Fundación Formación Empleo (Faffe), dependiente de la Consejería de Empleo, y a la que la Cámara de Cuentas señaló como un foco de irregularidades en los ejercicios 2009 y 2010. Ese estudio, publicado en 2014, cifraba en 49 millones de euros las ayudas sin justificar de la Faffe, tachada en muchas ocasiones como una fundación para colocar a familiares y amigos del PSOE.

En 2007 ya hubo otro informe de la Cámara de Cuentas, relativo al ejercicio de 2004, en el que se advertían de algunas deficiencias que debían ser corregidas. Su tono no fue tan grave como el de 2009 y 2010, pero la oposición sostiene que de haber hecho caso a las recomendaciones, se habrían evitado los graves problemas del futuro. Manuel Chaves explicó que cada año de los que fue presidente se reunió con los consejeros de la Cámara de Cuentas, y que éstos nunca le advirtieron de problemas relacionados con los cursos de formación profesional. “Se mencionaron otros temas, que le preocupan, pero nunca me hablaron nada relacionado con lo cursos”, dijo.

“Nunca, a lo largo del ejercicio de mi presidencia, se hizo nada ilegal. Nunca tuve conocimiento de irregularidades, en el caso de que hubiesen existido y, por tanto, no las toleré. Durante mi mandato nunca hubo advertencia de irregularidades ni aviso alguno”, manifestó Chaves al comienzo de su comparecencia. Los interrogatorios a la ex consejera y a los ex presidentes se ajustaron a lo que se entiende como un uso normal de las prácticas parlamentarias, pero en ningún momento ni Chaves ni Griñán, ni mucho menos Mar Moreno, se vieron acorralados por los grupos de la posición.

A diferencia del caso de los ERE, en el que ha quedado claro que no existió un mecanismo reglado para la concesión de las ayudas y que no se atendió convenientemente las advertencias del interventor general, el del fraude de la formación no parte de actos tachados de ilegales, sino de un escaso control, tanto en el momento de la concesión como en el de la justificación. En ocasiones, empresarios ligados al PSOE, como el ex consejero Ángel Ojeda, consiguieron una buena tajada de los cursos, así como cuatro entidades favorecidas por los acuerdos de concertación: UGT, CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Faffe. Entre los años 2002 y 2012, objeto de la investigación, se concedieron ayudas para cursos por valor de 3.100 millones de euros. Los sindicatos y la patronal no concurrían a estos cursos en igualdad de condiciones como el resto de los empresarios, estaban excluido del proceso de competencia por un privilegio que le daban los acuerdos de concertación. En el caso de Ojeda, que fue consejero en los gobiernos de José Rodríguez de la Borbolla, Chaves sostuvo que no se le dio ninguna ayuda durante su mandato.