El juez de refuerzo los ERE Álvaro Martín está ultimando un auto que previsiblemente hará público la próxima semana y en el que procesará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ex altos cargos de la Administración andaluza en relación con el fraude de las ayudas de los ERE, según han confirmado fuentes del caso.Los ex presidentes están imputados en la parte política de la macrocausa de los ERE, en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las subvenciones, en la que están imputadas un total de 51 altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia Idea, el organismo que actuaba como caja pagadora de las ayudas mediante las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo.

El pasado miércoles, el juez Álvaro Martín tomó declaración a los últimos investigados en esta pieza y la fase de instrucción de esta pieza ha llegado por tanto a su fin, cumpliéndose de esta forma el programa piloto diseñado en su día por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, para agilizar esta macrocausa y proceder al enjuiciamiento de seis primeras piezas, entre ellas la que afecta a los ex presidentes de la Junta.El hecho de que esta pieza no haya sido declarada aún como causa de “especial complejidad”, algo que en su caso debe hacerse antes del próximo 6 de junio, acrecenta los indicios de que el juez dictará probablemente la resolución.

El magistrado dictará, por tanto, un auto que transformará las diligencia previas en un procedimiento abreviado que se dirigirá contra todos o algunos de los imputados, dado que también es previsible que el instructor pueda considerar que no hay indicios para sentar en el banquillo a los 51 investigados. Lo que sí resulta evidente, sobre todo tras las conclusiones a la que llegó la instrucción que tuvo lugar en el Tribunal Supremo, es que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán sí estarán entre las personas contra las que seguirá el procedimiento, así como varios ex altos cargos de las consejerías de Empleo y Economía, según las mismas fuentes.

El juez también deberá pronunciarse sobre si continúa la causa contra las 16 personas que fueron imputadas en mayo de 2014 por la juez Mercedes Alaya por haber asistido a algunas de las reuniones del consejo rector de la agencia Idea, entre las que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico como Braulio Medel, José María Bueno Lidón, Joaquín Moya, José Domínguez Abascal o Felipe Romera. En los últimos meses se ha cuestionado la fundamentación de la imputación de estas personas.

En noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños, acordó formar la pieza separada del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE, que afectaba inicialmente a 52 personas –una de ellas, Francisco Mencía, ex director del IFA, falleció en los últimos meses-. La juez incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, por hechos relativos a la “participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes”, por el que durante una década se otorgaron ayudas sociolaborales y directas a empresas en crisis. La juez, que acto seguido entregó la instrucción a Álvaro Martín, subrayó en ese auto que estos hechos tuvieron “las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del control financiero permanente del IFA/IDEA”.

Por este procedimiento, como recoge el auto, “se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos”. La juez señaló que la normativa en vigor delimitaba las transferencias de financiación con unas funciones “que se alejaban del concepto de subvenciones” y que el sistema “se utilizó en la práctica por parte del consejero de Empleo y del Director General de Trabajo con el fin de conceder subvenciones, implantando así de hecho la Consejería de Empleo un procedimiento especifico”.

La juez detalló igualmente la utilización del convenio marco suscrito entre Empleo y el IFA el 17 de julio de 2001, que se prolongó hasta que fue sustituido por la Encomienda de Gestión en abril de 2010, y también como a partir del año 2002 y siguientes se fue incorporando las transferencias en las distintas leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía. A este respecto, dice la juez que el concepto presupuestario de la partida 440 se consignó directamente, “de manera ilegal”, en el presupuesto inicial del programa 31L de la Consejería de Empleo, bajo el epígrafe “administración de relaciones laborales”. Esta partida no era la preceptiva para la concesión de subvenciones porque “se refería a los gastos de explotación o costes de la gestión ordinaria de una empresa, mientras que las subvenciones son un concepto presupuestario ajeno a ello, tanto por su justificación y finalidad como por su contenido específico”.

Bolaños también analizó en la resolución las distintas modificaciones presupuestarias mediante las que se incrementaron los créditos de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA/Idea, en las que “el grueso de los fondos iba a ser destinado no a gastos de explotación sino a pagos a terceros en concepto real de subvenciones en la modalidad de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis”. En el periodo investigado (2000-2010) se realizaron, al menos, 22 modificaciones presupuestarias en el programa “Administración de Relaciones Laborales”, de las cuales 16 fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y seis fueron aprobadas por el titular de esta consejería.

En la pieza separada del procedimiento específico se analiza también la actuación de los miembros del consejo rector del IFA/Idea. La juez recordaba que en la instrucción de la dirección general de Presupuestos 1/2009, de 15 de junio, ya se analizaban los “problemas que habían venido generando el uso de las transferencias de financiación por las empresas y otros entes públicos dependientes de la Junta de Andalucía, debido a que en mayor o menor medida destinaban a ayudas o subvenciones a terceros, actuando como gesto intermediario entre las Administraciones Públicas y los beneficiarios directos de las mismas”. Decía el auto que en esa instrucción se remarca también que se trata de Consejerías, “al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas, ello sin obviar los diversos problemas que se plantearon en el ámbito del control de este tipo de actuaciones”. De esto, la magistrada concluyó que “se viene así a admitir por la Consejería de Hacienda, aunque sea a través de una mera instrucción, que no se estaba cumplimentando la normativa en vigor y que por tanto se actuaba con criterios contrarios a la ley (artículo 33 de la Ley general de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza)”.

Pero a pesar de esta instrucción, “en la práctica siguió operándose con un sistema que no se ajustaba al procedimiento legal establecido para las subvenciones y sin que se activaran los controles de la intervención delegada de la Consejería de Empleo”, precisa Bolaños.