La Cámara de Cuentas de Andalucía ha enviado a la Fiscalía Superior de Andalucía documentación relacionada con la empresa de Vivienda de la Diputación de Granada (Visogsa), cuando la institución era presidida por Sebastián Pérez (PP), al haber detectado diversos "indicios de responsabilidad penal por prevaricación". Los citados hechos están relacionados con la contratación de un trabajador de la mencionada empresa en la etapa del gobierno presidido por Pérez.

El pleno de la Cámara de Cuentas tomó la decisión en la última sesión celebrada el pasado 27 de abril, como consecuencia de un informe de su gabinete jurídico.

Según reza en el documento, Visogsa aprobó una convocatoria para cubrir una plaza de analista, mediante la contratación de personal fijo, así como las bases para su selección. En las mismas, con la rúbrica de Pérez -de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público- se incluyó como requisito necesario para poder participar en el proceso selectivo, el de "no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter...".

Tras el indicado proceso selectivo, accedió a dicha plaza un extrabajador de Visogsa, J. M. M. P. (informático), "en virtud de Resolución de 17 de abril de 2015 del presidente del consejo de administración de la empresa pública de vivienda, Sebastián Pérez. Se da el caso de que este empleado perteneció a la plantilla hasta septiembre de 2010, "fecha en la que fue dado de baja por despido disciplinario". La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo confirmó por sentencia en abril de 2011.

El motivo no fue otro que el "incumplimiento" de la obligación de dar cuenta de una avería del disco duro en mayo de 2009 y la decisión dolosa de destruir dicho disco duro sin comunicarlo a sus superiores. Ese dispositivo, al parecer, tenía información concerniente al Registro de Factura de la empresa y "pudiera estar vinculado a un caso de facturas falsas". Ahí, la alianza con J. A. R .O. (arquitecto técnico) parece que fue clave.

En el documento remitido por la Cámara de Cuentas queda remarcado que la Corporación Provincial -bajo el mandato del socialista Antonio Martínez Caler- denunció estos hechos por vía penal "y tras la llegada de Sebastián Pérez a la Diputación, la denuncia fue retirada contra el criterio de la Fiscalía que pedía el mantenimiento de la misma". Ya en julio de 2013, la institución provincial, con el PP al frente, decidió volver a contratar al trabajador para el mismo puesto del que fue despedido, ocupando dicha plaza con contrato de relevo.

Por su parte, J. A. R. O. llegó a un acuerdo con el director gerente de Visogsa bajo el mandato del PP, José Ramón Jiménez, por el que cobraría una serie de facturas por valor de alrededor de 60.000 euros.

Con anterioridad y bajo la etapa del socialista Martínez Caler, cuando J. M. M. P. fue despedido junto a J. A. R. O., ambos formularon una denuncia contra el por entonces director gerente de Visogsa, José Luis Hernández, por acoso laboral. Hasta siete sentencias acumuló el que fuera también alcalde de Guadix y delegado de Justicia. El TSJA estimó que los despidos eran procedentes y quedaba probado que no existió mobbing.

Pese a las bajas por estrés y ansiedad del informático, que acusó a Hernández de vejarlo, sí que se comprobó que él mismo fue quién participó en la manipulación del registro de entrada de Visogsa en mayo de 2010. Según el fallo del Alto Tribunal, se pretendió con ello simular que 21 facturas emitidas por J. A. R.O. -por importe superior a los 102.000 euros- habían sido presentadas entre febrero y marzo de 2009 en la empresa pública de vivienda, cuando realmente se digitalizaron algo más de un año después. Esos registros verdaderos se encontraban en el disco duro que se destruyó.