La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron una conversación telefónica el viernes por la tarde para intentar abordar el ajuste que Hacienda ha ordenado a las comunidades autónomas. Díaz llamó a Rajoy después de comprobar que el presidente catalán, Carles Puigdemont, intentaba formar un frente común de las autonomías contra el Gobierno por su política de reducción del déficit.

Sin embargo, Rajoy se mantuvo en sus trece y no accedió a la petición de Susana Díaz de convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar de evitar una rebelión general de las comunidades. Así y todo, la presidenta andaluza mantiene que no realizará ningún recorte del presupuesto de 2016, ya en vigor, y está dispuesta a hacer frente a las medidas coercitivas que el Ministerio de Hacienda quiera emplear contra la Junta. No obstante, no se aliará en un frente común con Puigdemont.

La Junta se desvió del déficit en 2015 en cuatro décimas, del 0,7% obligatorio al 1,13% calculado por el Ministerio de Hacienda, son 600 millones de euros de desajuste, pero hay imputaciones con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, 192 millones de los 600 corresponden al gasto de la vacuna de la hepatitis C en Andalucía. Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Sanidad se comprometieron a que esta partida de emergencia, que ha salvado miles de vidas en todo el país, no computase como déficit. Así consta en las actas de la mesa autonómica de Sanidad. Hay otros 100 millones de euros de esos 600 que se desconoce de dónde provienen, la Junta le discute a Hacienda una distribución del fondo de convergencia y de ahí puede provenir la cantidad. El caso es que la Junta quiere hablar con el Ministerio antes de dar por cierta una cifra.

Todo esto es lo que Díaz quiso analizar con Rajoy, pero la respuesta del presidente del Gobierno ha sido tajante: Bruselas ordena recortar un punto del déficit y él va a hacer todo lo posible por ello. En el plazo de un mes, España debe proporcionar un plan de ajuste a la Comisión Europea, y el Ejecutivo, a través de la polémica carta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado 15 días de plazo a las comunidades para que expliquen cómo acortarán su parte. El desvío del déficit público español no se debe sólo a las comunidades, casi la mitad proviene del desajuste de la Seguridad Social, cuyos ingresos y gastos fueron mal calculados por el Gobierno. Además, Rajoy emprendió una reforma fiscal que incluyó dos rebajas del IRPF, que ya en su día fue criticado por Bruselas.

De este modo, Rajoy afronta una rebelión de las comunidades -y no necesariamente gobernadas por partidos adversos, también hay disgusto en las del PP-; de los 17 territorios, 12 son incumplidores y son los que deben recortar ahora, pero las cantidades se hacen imposibles. Basta pensar que el montante en Cataluña supera los 1.500 millones de euros. Díaz también ha hablado con los presidentes de Asturias, Extremadura y Aragón, pero de momento descartan ir de la mano de Cataluña en este asunto.