Nuevo silencio ante el juez. Los ex consejeros de Economía Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila y el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías han ratificado este miércoles ante el juez que investiga el caso de los ERE la declaración que prestaron en abril del año pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo y, a continuación, se han acogido a su derecho a no declarar, negándose a contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP. Los tres habían sido citados en la pieza separada abierta por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las subvenciones y son los últimos investigados que quedaban por citar de los 51 imputados que hay en esta pieza, aunque el magistrado aún tiene que llamar a declarar a una decena de investigados que han mostrado su deseo de declarar tras haberse acogido en su día a su derecho constitucional a no declarar cuando fueron citados por la juez Mercedes Alaya.

El abogado Víctor Moreno Catena, que representa a los ex consejeros Aguayo y Ávila, planteó como cuestión previa al juez Álvaro Martín que no se dejara constancia en el acta de las posibles preguntas que las acusaciones quisieran formular a la imputada, alegando que esa posibilidad está amparada en su derecho de defensa. La Fiscalía Anticorrupción se opuso, al estimar que puede haber hechos nuevos desde que prestó la primera declaración ante el Alto Tribunal andaluz o que se le fuesen a plantear preguntas nuevas, y el juez ha accedido a que se deje constancia de las mismas al entender que esta posibilidad no está prohibida, sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse de las mismas.

El fiscal planteó tres preguntas a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. La primera sobre si Aguayo tuvo conocimiento de los informes de seguimientos de Control Financiero Permanente elaborados por la intervención general de la Junta que se remitían a la Consejería de Economía. La segunda, si conocía los informes de la Intervención sobre las empresas públicas sobre el uso que se estaba dando a las transferencias de financiación y que se enviaban a los miembros del consejo rector de la agencia Idea que a su vez pertenecían a la Consejería; y la tercera sobre si tuvo conocimiento de que en la reunión de la Comisión General de viceconsejeros (denominados Consejillos) se retiró del orden del día el análisis de las ayudas concedidas a las empresas Pickman y A Novo Comlink vinculadas a la partida 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

En el caso de Antonio Ávila, el fiscal, también le planteó las dos mismas primeras preguntas, y una tercera relacionada con el acta de la reunión del consejo rector del 24 de noviembre de 2003, en la que el secretario advirtió de que la Intervención había planteado reparos al pago de una ayuda a la empresa Sandetel. El fiscal ha preguntado en concreto si hubo más casos cómo éste en el que la Intervención planteó esos reparos y también quería que respondiese sobre qué destino tuvo la petición que el propio Ávila y el ex consejero Antonio Fernández plantearon de que antes de que se abonara la ayuda por el Consejo de Gobierno de la Junta se recabara un informe de los servicios jurídicos.

La Fiscalía sólo planteó una pregunta a Gaspar Zarrías, relacionadas con una carta que figura en el expediente de la empresa cárnica Primayor, que habían enviado representantes del comité de empresa al entonces director general de Trabajo Javier Guerrero, relacionada con el cobro de las nóminas. En concreto, el fiscal quería que Zarrías respondiera a si habló con el presidente del comité, Manuel López, o el consejero de Empleo, Antonio Fernández, como señala la carta, para que se solucionara el problema. En esa misiva se ponía de manifiesto, asimismo, el que consejero de la Presidencia había ordenado que se arreglara la situación.

La ex consejera Martínez Aguayo ha llegado poco antes de las diez de la mañana a los juzgados de Sevilla y, a diferencia de lo que ocurrió con los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en esta ocasión no había nadie para increparla a las puertas de la sede judicial. Lo mismo ocurrió con los otros dos investigados que han comparecido ante el juez, aunque a la salida de los juzgados se formó un revuelo con los reporteros gráficos que acompañaron durante varios centenares de metros a Aguayo, que casi no podía caminar. 

A los otros dos ex consejeros se les ofreció la posibilidad de salir por la puerta de atrás, algo que sólo aceptó Antonio Ávila, puesto que Zarrías salió por la puerta principal por la que había entrado.

Martínez Aguayo, que sólo ha estado unos 20 minutos ante el juez, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 8 de abril del año pasado y en aquella comparecencia aseguro que no se leyó los informes de la Intervención de la Junta que alertaban de las irregularidades, porque recibía más de 100 informes al año. 

La ex consejera de Economía y Hacienda, que compareció ante el juez Miguel Pasquau imputada por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, añadió que nunca entendieron que hubiese que hacer nada ante los informes de la Intervención. Según Aguayo ni el ex presidente de la Junta –en su condición de consejero de Economía- José Antonio Griñán ni el Consejo de Gobierno de la Junta vieron esos informes. 

La ex titular de Economía y Hacienda explicó que miraba esos informes para comprobar que no fueran informes de actuación, que aparecen recogidos en el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe de actuación se emitirá por la Intervención en aquellos casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas" o también cuando se "aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos". Y como los informes recibidos no eran de actuación, Martínez Aguayo, según dijo, los pasó por alto sin leerlos. 

Asimismo, la ex consejera manifestó que era conocido que el interventor quería cambiar el sistema de transferencias de financiación a la Encomienda de Gestión, que se implantó en 2010. Aguayo no veía mejor el control previo al posterior de las ayudas, y entendía que lo que la Intervención ponía de manifiesto eran "discrepancias contables". También explicó en su declaración ante el instructor del Alto Tribunal andaluz que la terminología que se enviaba al Parlamento sobre el uso que se iba a dar a las transferencias de financiación "no era totalmente clara". 

La ex consejera reconoció que cuando llegó a la viceconsejería ya se habían aprobado dos cuentas anuales, donde se señalaba que se iban a hacer transferencias de financiación para el pago de subvenciones sociolaborales.