El ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías anunció ayer que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar en su comparecencia como investigado mañana ante el juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y advirtió del "perjuicio injusto e innecesario" que le causará el paseíllo.

En un escrito elevado al Juzgado, la defensa de Zarrías recuerda que el 4 de marzo ya solicitó al juzgado que acordara no llamarlo a declarar porque ya prestó declaración ante el Tribunal Supremo dada su entonces condición de aforado respecto a los hechos objeto de instrucción, aportando entonces una copia de dicha declaración.

Según explica, este escrito de 4 de marzo "salía al paso" de la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que el juez Álvaro Martín llamara a declarar tanto al propio Zarrías como a otros ex aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "justificando la aparente necesidad de tales declaraciones en la mejor defensa y garantía de los derechos de los investigados".

La defensa entiende que "la garantía del derecho a la defensa" de Zarrías "no hacía preciso una nueva convocatoria a declarar, al menos en este momento", y añade que, "en el contexto de unas diligencias penales enormemente mediatizadas y contaminadas por una repercusión pública desproporcionada, la sola convocatoria a declarar, con el consiguiente paseíllo, impondría a los llamados al juzgado un perjuicio injusto e innecesario".

En aquel escrito anunció que se acogería a su derecho a no declarar, "pero no tanto porque quisiera eludir respuesta alguna, sino más bien porque ya había declarado con detalle todo cuanto sabía o podía aportar respecto a los hechos", punto en el que recuerda que la defensa de Griñán "presentó escrito en semejantes términos".

Zarrías señala que el pasado 16 de marzo ya declararon como investigados los ex presidentes Chaves y Griñán y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, indicando que, "tras reiterar que se remitían a las completas y exhaustivas declaraciones que ya habían prestado ante el Tribunal Supremo, nos encontramos con la sorpresa de que la Fiscalía, en un gesto insólito, quiso dejar constancia en acta de una serie de preguntas, a cuál más sesgada, pero realizadas a sabiendas de que los convocados habían decidido no contestarlas".

"Cuando el investigado anuncia que no va a declarar porque ya lo ha hecho, ¿qué sentido tiene dejar constancia en acta de una relación de preguntas, cuando ya se sabe que el interlocutor se va a acoger a su derecho constitucional de no contestarlas?", se pregunta, para contestarse que lo hizo "de cara a la galería, tratando de trasladar a la opinión pública que aquel silencio respondería a una supuesta falta de colaboración con la justicia".