Un nuevo modelo de Administración que incluya, en un futuro, un sistema retributivo para los empleados públicos en función de sus méritos. En la actualidad, todos los trabajadores públicos de la Junta perciben por igual la productividad, independientemente del rendimiento. Esto conlleva "que las personas se desincentiven y los mejores no vean reconocidos su esfuerzo", en palabras ayer de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, por lo que el objetivo será "reconocer el talento, compensarlo y retribuirlo", acabando con el "café para todos".

Este cambio en el modelo de retribuir a los funcionarios de la Administración general o de Justicia, unos 50.000 en Andalucía, se planea a futuro, porque la presión sindical está centrada en la recuperación de derechos laborales perdidos durante la crisis.

La fórmula se encuentra en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, pero no se ha desarrollado. En Andalucía una de las reivindicaciones históricas de las centrales sindicales del personal público es un estatuto autonómico y Montero quiere que en esa negociación se aborde este cambio en las retribuciones. "Aquellos que se esfuerzan por hacer las cosas de forma excelente deben recibir una compensación", apostilló. Montero, que fue consejera de Salud de 2004 a 2012, dijo que ella tiene experiencia en el ámbito sanitario y que el modelo puede ser exportable.

No obstante, la consejera señaló que aunque quiere trabajar en esa dirección, "que quizá se ha descuidado en los últimos años", esto no está en el corto plazo, "pues ahora mismo estamos inmersos en la recuperación de derechos".

El miércoles la Junta acordó con los sindicatos la recuperación de los días de asuntos propios (sin coste económico), pero las centrales exigieron más: un calendario que fije cuándo se van a recuperar las retribuciones recortadas durante los últimos años.

Por ahora, la Junta devolverá en la próxima nómina de febrero un 25% de la paga extraordinaria de 2012, lo que ya hizo la Administración General del Estado y todas las demás comunidades autónomas, ya que están obligadas por una sentencia. Pero el compromiso político es llegar a la devolución de la paga completa, lo que todas las demás administraciones regionales tienen más avanzado que la Junta.

Ayer IU reclamó este calendario y que la Junta deje de "jugar al tocomocho".

Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de UGT-A, Carmen Castilla, saludaron ayer el acuerdo y reclamaron la recuperación de otros derechos perdidos, como la paga extra de 2012, y que la Administración regional vuelva a tener como objetivo la defensa del empleo público.

Montero negó que el plan de formación para los empleados públicos que presentó ayer y en el que se invertirán 5,8 millones de euros sea un guiño a los sindicatos como una contrapartida por no comprometerse a fijar un calendario y señaló que son dos asuntos independientes.

Este plan de formación tiene como novedades más destacadas el refuerzo del inglés y las competencias de idiomas. Por ejemplo para los cursos de inglés se ofertaron el pasado año 1.200 plazas y llegaron 3.600 solicitudes de empleados públicos. Este año serán 4.000. El director del Instituto de Administración Pública, José María Sánchez Bursón, destacó que entre el 50% y el 60% de los empleados públicos de la Junta en Administración General y Justicia acceden a alguna de estas acciones formativas.

El nuevo plan reforzará también los cursos de formación en gestión y contabilidad, a raíz de los nuevos sistemas, como el GIRO. El objetivo principal de este plan es "formar a los profesionales andaluces en los conocimientos que demandan los nuevos retos de la Administración, vinculados a la mayor innovación, transparencia y la rendición de cuentas".

La oferta más numerosa, con 26.800 plazas, corresponde al programa de formación general orientado a desarrollar los conocimientos de la organización administrativa de la Junta.