El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez ha condenado a un año y tres meses de prisión a un padre y su hijo por delito de atentado contra funcionario público, en este caso, una enfermera del servicio de Urgencias del hospital de Jerez, al que habían acudido los dos condenados con la esposa y madre, que presentaba una hemorragia nasal. Además se les condena a cada uno de ellos a una multa de 15 días con una cuota diaria de seis euros como responsables de una falta de vejaciones.

La sentencia, que puede ser recurrida, es novedosa en cuanto a que, según aseguraron diversas fuentes, se trata de la primera en Jerez que condena como delito las agresiones a personal sanitario, que normalmente se juzgan como faltas.

Los hechos ocurrieron en enero de 2007, cuando los dos condenados, que no estaban conformes con la atención que recibía la enferma, perdieron los nervios y empezaron a gritar reclamando la presencia de un médico y exigiendo que se le hiciese una radiografía. Según los hechos probados, cuando la enfermera que denunció la agresión salió para buscar material el hijo de la paciente "la agarró por el brazo derecho y la zarandeó insistiéndole a voces que fuera a buscar al médico, levantándole la otra mano de modo intimidatorio". Al oír los gritos acudió el supervisor de Enfermería, que apartó al agresor "teniendo que interponerse para evitar" que el otro acusado "le alcanzara, ya que intentaba golpearle con los puños, con los que no llegó a pegar ni al supervisor ni a la citada enfermera". Ambos acusados insultaron también a gritos a la enfermera llamándole torpe y lenta.

Durante el juicio que se celebró en julio, el hijo de la paciente reconoció que agarró a la enfermera pero negó que tuviera un propósito agresivo y que su intención era que atendieran a su madre, a la que veía en peligro y a la que, en su opinión, no se le estaban dando los cuidados médicos que requería. Tanto el hijo como el padre admitieron que gritaron pidiendo atención médica pero negaron que hubiese agresión.

El juez ha considerado también los testimonios de los testigos de la acusación, cuyo relato considera "lineal y coherente en la secuencia de los hechos, sin que haya ningún motivo para dudar de ello".

En los fundamentos de derecho, el juez afirma que "la función pública, el servicio público, han de merecer acatamiento y respeto, el principio de autoridad ha de prevalecer y hacerse sentir en aras de una convivencia en armonía y orden en el seno de una sociedad constituida".

El responsable del sindicato CSIF, Gabriel Ruiz Ordóñez, mostró ayer su satisfacción por el fallo. "La gente debe darse cuenta de que no se puede ir agrediendo a los profesionales con esa alegría y creo que la sentencia es una medida disuasoria para las personas que van por ahí pegando patadas". Defendió que ante la disconformidad de cualquier usuario del Servicio Andaluz de Salud están las hojas de reclamaciones o incluso los juzgados "si considera que ha habido una mala praxis. Lo que no podía ser es que una agresión se juzgase como una falta y se multase sólo con 120 euros, como ha ocurrido. El personal está haciendo su trabajo y si hay que esperar, no se puede agredir. En Hipercor también se espera y a nadie se le ocurre pegar a la cajera".