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Caso ere

Bolaños cita a declarar a Viera y Fernández por el ERE de Egmasa de 2003

  • La juez abre una nueva pieza separada, la séptima, y fija un nuevo calendario en el que comparecerán 15 imputados en tres días.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado como imputados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y a los tres ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, en relación con las irregularidades detectadas en el ERE de la extinta empresa Egmasa (a la que sucedió a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) que se llevó a cabo en 2003.

La instructora ha abierto una nueva pieza separada por las ayudas a Egmasa, la séptima que abre tras las seis que se incluyen en el plan piloto cuya instrucción se ha encomendado al magistrado de refuerzo Álvaro Martín. Las comparecencias de los dos ex consejeros se producen en el marco de un nuevo calendario que ha fijado la instructora del ramo principal de esta macrocausa y en la que está previsto que declaren 16 imputados los días 2, 10 y 11 de febrero.

Entre los 16 investigados, muchos de los cuales ya estaban imputados con anterioridad en el causa, figuran además de los dos ex consejeros, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical Antonio Márquez García.

Estas 15 personas están siendo investigadas por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003, precisa el auto, que recuerda que el ERE se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

 

La magistrada destaca que todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajo en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa, en donde a la fecha el ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años".

 

Bolaños explica que "sin solución de continuidad", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2004, aprobando la extinción de las relaciones laborales de esos 373 trabajadores.

 

En octubre de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre Guerrero y el responsable de la empresa Eginasa, Javier Serrano Aguilar, por el que la dirección general de Trabajo se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a aportar para el mismo fin 2.404.048 euros.

El importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucía para el pago de la indemnización por despido colectivo de estos trabajadores a través de un plan de rentas ascendió, al menos, a 21.673.680 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde 2004 hasta 2010 por la agencia IDEA suman 16.069.391,88 euros, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados a IDEA por los sucesivos directores generales de Trabajo durante los años respectivos.

 

Dice la magistrada que la ayuda se dio con el "conocimiento y consentimiento tanto del entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran respectivamente presidente y vicepresidente del IFA".

En una de las pólizas por este ERE se introdujo un suplemento mediante  el cual se modificaron las prestaciones de 349 trabajadores, introduciendo una renta vitalicia en concepto de complemento, que se hará efectiva por meses vencidos y que supuso un coste para la Junta de 7,5 millones. “Este cambio en las condiciones, mediante la introducción de una renta vitalicia, no estaba contemplado en la negociación del ERE entre empresas y sindicatos, y no tiene justificación alguna, pues las prestaciones pactadas finalizarían en todo caso cuando el trabajador prejubilado alcanzase la edad de 65 años, momento en el cual pasaría a cobrar la pensión ordinaria de jubilación” de la Seguridad Social.

 

Los días fijados para que la juez María Núñez Bolaños reciba estas declaraciones son el 2, 10 y 11 de febrero. El primero en declarar será el ex consejero Antonio Fernández, el día 2, mientras que Viera comparecerá el 10 de febrero.

Los 16 imputados son:

 

1. Javier Serrano Aguilar, representante de Eginasa.

2. Juan Jesús Jiménez Martín, directivo de Egmasa.

3. María del Mar Espejo Tudela, directivo de Egmasa.

4. Antonio del Valle Jiménez, directivo de Egmasa.

5. Antonio Perianes Pedrero, secretario general de la Federación agroalimentaria de CCOO-Andalucía.

6. Antonio Márquez García, intruso en el ERE de Egmasa.

7. Antonio Fernández García, ex consejero de Empleo.

8. Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo y Seguridad Social.

9. Juan Vela Quiroga, ex director de Finanzas de la agencia Idea.

10. Juan Márquez Contreras, ex director de Trabajo.

11. María José Rofa, ex asesora de la dirección general.

12. Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general IDEA.

13. Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo.

14. Antonio Albarracín, ex directivo de Vitalia.

15. Jesús Bordallo, ex delegado de Vitalia.

16. José Antonio Viera, ex consejero de Empleo. 

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