El padre Román M.V.C., investigado por presuntos abusos sexuales a un joven siendo menor de edad, deberá abonar 50.000 euros de fianza, "en metálico o por aval bancario", para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se deriven de sus actos en caso de ser condenado. Así lo ha dispuesto en su último auto el juez instructor del denominado caso Romanones, Antonio Moreno, que ha decretado el procesamiento del religioso al considerar que existen "indicios racionales de criminalidad". Esto coloca al jefe del clan de los Romanones en la antesala del juicio oral.

Ahora sólo queda que el magistrado ordene una nueva declaración del sacerdote antes de dar por concluido el sumario del caso. Luego, el expediente será remitido a la Audiencia y las partes habrán de calificar los hechos, es decir, decir qué delitos observan y qué penas solicitan.

En su resolución el juez advierte al cura que en caso de no abonar ahora esta cantidad de cara a las posibles indemnizaciones, se procederá "al embargo de bienes de su propiedad bastantes para cubrir dicha suma". Asimismo acuerda que el padre Román, que eludió en su día entrar en prisión tras pagar una fianza de 20.000 euros, continúe en situación de libertad provisional hasta que se celebre el juicio.

Este nuevo auto se produce tan sólo unos días después de que el magistrado haya acordado transformar las diligencias previas de la investigación en un procedimiento sumario. Este trámite se llevó a cabo debido a las penas que acarrearían, en caso de declararse probados, los delitos apreciados de momento indiciariamente: de 4 a 10 años de prisión.

En sus razonamientos, el instructor indica que los hechos investigados, "por ahora y salvo ulterior calificación", revisten "los caracteres de delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal, y tentativa de introducción de miembro viril", con prevalimiento. Insiste así en que existen "indicios racionales de criminalidad" contra el padre Román, que fue apartado de sus funciones sacerdotales de forma cautelar tras la denuncia del denunciante, que tiene ahora 25 años y que puso los hechos en conocimiento del papa Francisco antes de denunciarlos.