La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar el próximo 10 de noviembre, en calidad de testigos-peritos, a seis miembros del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas que realizó un informe en el que se apreciaron irregularidades en las ayudas financiadas con fondos públicos.

En una providencia, la magistrada ha ordenado que se practiquen todas aquellas diligencias que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y a las que se había opuesto su antecesora, la juez Mercedes Alaya, si bien la Audiencia de Sevilla dictó un auto recientemente revocando la decisión de Alaya y ordenando practicar esas pruebas.

La Sección Séptima de la Audiencia accedió a la declaración de los técnicos de la Cámara de Cuentas porque considera que "una pericia haya sido elaborada sin haber sido acordada por el órgano jurisdiccional no es en principio razón para no judicializarla como prueba trayéndola al proceso a través de la declaración de los peritos, puesto que la pericia prueba personal es y solamente de esa forma podría surtir en la causa los efectos aludidos en el inciso final de la argumentación". El tribunal señaló asimismo la "relevancia del contenido de ese informe para el esclarecimiento del conjunto de hechos objeto de la instrucción", ya que incluso sus conclusiones "han podido tener efecto ya en la instrucción".

La instructora también ha ordenado que se aporten, por considerarlo de utilidad para la instrucción de la macrocausa, todas las agendas en el periodo 2000-2011 de una decena de imputados, la mayoría ex altos cargos: la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez, los ex viceconsejeros Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón, los tres ex directores general de Trabajo -Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez-, del ex diputado del PSOE y ex asesor de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, del ex jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz, de la asesora María José Rofa Vega, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas Sánchez.

El tribunal subraya que la práctica de esta diligencia es de utilidad y "podría ayudar al esclarecimiento de los hechos investigados", precisa el auto de la Audiencia. La juez  también ha requerido a la Intervención General de la Junta que remita los informes relativos a Santana Motor e Hijos de Andrés Molina y al IFA/Idea, así como "documentación acreditativa de la persona y fecha que los recibe".

El 20 de octubre, la instructora ha citado a declarar a seis testigos que también habían sido propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, y el 21 a los ex interventores Manuel Gómez y Rocío Marcos.