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Andalucía

Una de cada tres visitas al Portal de Transparencia es sobre altos cargos

  • La Consejería de la Presidencia recibe 15 reclamaciones dirigidas al todavía inexistente Consejo de la Transparencia

Estamos en plena fiebre de apertura de portales de transparencia en la administración pública a todos los niveles. Esta misma semana, por ejemplo, las alcaldías de dos ciudades emblemáticas como Bilbao o Cádiz, gobernadas por PNV y Podemos, se han sumado a esta moda y anunciado la puesta en marcha de sus respectivos portales. En esta misma línea, de hacer demostración de alejarse de la opacidad, la Junta de Andalucía ha ofrecido sus primeros datos sobre el Portal de Transparencia que inauguró el pasado 30 de junio.

La situación socioeconómica de los altos cargos de la Junta de Andalucía es lo que más interés despierta entre los usuarios del nuevo Portal de Transparencia. Porcentualmente, más de un tercio de las visitas recibidas al Portal desde su puesta en marcha han sido dirigidas a conocer los sueldos, bienes, impuestos, idemnizaciones, etcétera, de los directivos del Gobierno andaluz.

Muy por detrás en el número de visitas quedan otros temas que pueden consultarse por cualquier persona a través de la www.juntadeandalucía.es como es el Empleo Público (19%) o la Información institucional y organizativa (15%). Lo que menos interesa es la Planificación, evaluación y estadística y las Relaciones con la Ciudadanía (3%).

El Portal de Transparencia lleva activo desde el pasado 30 de junio cuando fue aprobada la Ley de Transparencia con el objetivo de "permitir a los ciudadanos conocer a qué se dedican sus impuestos". Los datos recopilados a fecha de 31 de agosto ofrecen 1.439.560 visitas y 225 solicitudes formales de información sobre la acción de la Administración andaluza a través de lo que se conoce como PID@. De esas 225 solicitudes han sido resueltas 136, de las 32 no han sido "admitidas" y 5, "denegadas".

La mejor referencia para comparar la actividad del Portal de Transparencia andaluz es su homólogo a nivel nacional, puesto en marcha por el Gobierno del PP en diciembre de 2014, donde se registraron hasta julio 1.800 solicitudes de información, una media de 257 mensuales.

Estos datos de actividad del Portal de Transparencia andaluz se conocen la misma semana en la que el Gobierno aprobó los estatutos del Consejo Andaluz de la Transparencia y Protección de Datos, órgano que deberá velar por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de transparencia y que se compromete a resolver las consultas y reclamaciones en este ámbito en un plazo de 20 días. La aprobación de este decreto permite solicitar al Parlamento la designación de la persona que ocupará la dirección general, por un periodo de cinco años no renovables. La persona elegida tiene que ser "una autoridad independiente con plena capacidad y autonomía personal y con experiencia en la Administración".

La intención del Gobierno autonómico es proponer, por primera vez en su historia en una tesitura similar, a dos candidatos, con el objetivo de facilitar el nombramiento al tener en cuenta la situación de tensión continúa en la que se encuentra el Parlamento tras las elecciones del pasado mes de marzo, cuyo resultado ha creado una difícil convivencia entre cinco partidos con representación y un grupo socialista sin el control de la Cámara al que ha estado acostumbrado legislatura tras legislatura.

Se da la paradoja que, según ha podido saber esta redacción, la consejería de la Presidencia y Administración Local ya ha recibido 15 reclamaciones dirigidas al todavía inexistente Consejo Andaluz de la Transparencia y Protección de Datos. Según dicha consejería "Estas reclamaciones serán trasladadas al Consejo en el momento que quede constituido y se le informará de esta circunstancia a la persona reclamante".

El Consejo, además, contará con la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos, integrada por 14 miembros a propuesta de la Junta, el Parlamento, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, las administraciones locales, universidades públicas, consumidores y agentes sociales. Según, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, los miembros de la Comisión Consultiva no recibirán retribución, excepto las dietas por desplazamiento, y, entre otras funciones, asesorarán a la dirección e informarán previamente sobre el informe anual del Consejo.

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