El Gobierno socialista se anotó el pasado jueves su primera derrota en un Parlamento donde no tiene mayoría absoluta. Los votos negativos de PP y Podemos, junto a la abstención de IU y de Ciudadanos, invalidaron el decreto ley que reconoce el derecho de los empleados públicos a contabilizar el tiempo de interinidad en sus concursos de traslados. Unos 22.000 funcionarios están afectados y el rechazo provocará, además, que se retrase una oferta de empleo público anunciada para octubre. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, recuerda que la Junta está obligada a este reconocimiento por una directiva europea, y que en el mes de marzo pasado, la Comisión Europea apercibió a España para que Andalucía incorporase el cambio. Por eso se aprobó este decreto ley, que sin embargo el Parlamento rechazó.

-Sin decreto, ¿que va a hacer la Junta? ¿Hay plan B?

-Es una pregunta que deberían responder los partidos de la oposición, supongo que ellos tendrán un plan B porque no quiero entender que lo que les ocurre es que no quieren que cuente la antigüedad de los interinos. Este decreto ley no tiene divergencias políticas, es un asunto técnico y no debería haber sido empleado nunca para la confrontación política. Nos hemos quedado en un limbo jurídico.

-Pero usted es Gobierno.

-Sí, es cierto, pero esto es un poco kafkiano, se nos exige un plan B a los que propusimos una solución. Lo tendremos que estudiar con los sindicatos y analizarlo entre todos, para ver qué marco legislativo podemos aplicar. Pero es verdad que hay un sindicato, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), que no está de acuerdo con la obligación europea que reconoce el tiempo de interinidad a la hora del concurso.

-¿Usted cree que el PP es partícipe del criterio de Safja, de no considerar el tiempo? Parece que ha influido bastante.

-Lo deberían de explicar ellos. No sé si su oposición se debe a que quiere confrontar con el Gobierno, si quiere que no funcione la administración pública o es que no quiere cumplir la directiva europea, que sí se cumple donde ellos gobiernan.

-Pero habrá una salida, supongo que un proyecto de ley.

-Pues, probablemente, habrá que tramitarlo como proyecto de ley, pero no creo que el problema sea el procedimiento, la verdad. ¿En qué va a variar la ley del decreto que llevábamos?

-La oposición mantiene que, ante los posibles recursos, debe armarse mejor, con un proyecto de ley, no un decreto.

-A mí no me han hecho propuesta en este sentido. Cuando yo y los sindicatos hablamos con los partidos políticos, no nos pidieron que se tramitase así. Pero es más, desde la tribuna del Parlamento se aceptó que se aprobase el decreto y después se tramitase como proposición de ley. Con todas sus enmiendas, algunas de las cuales podíamos perder. Si algún grupo hubiera solicitado una mejora jurídica, se habría incorporado.

-¿Por qué tanta prisa?

-Nosotros necesitamos arreglar el problema de modo urgente porque siempre que se produce una oferta pública de empleo se convoca un concurso de traslado previo; es obvio. Para que los funcionarios puedan optar a las plazas vacantes y para que las otras salgan a la calle. El concurso de traslado se debería celebrar antes, por eso corremos, porque la queríamos sacar antes de la oferta pública de empleo prevista para octubre. Son unas 500 plazas para la administración general de la Junta, el máximo que nos permite la tasa de reposición autorizada.

-¿Se va a paralizar la oferta pública de empleo?

-Entiendo que hay que replantearlo todo. La convocatoria se retrasa. Si el decreto se hubiese convalidado, estaría en marcha; si se hubiera tramitado como proyecto de ley, habría estado lista en mes y medio o dos meses, y a partir de ahí, se habría hecho el concurso de traslado y, en paralelo, la convocatoria de la oferta pública de empleo. Lo tengo que ver con los sindicatos.

-¿No hay un problema de diálogo por parte de un Gobierno que no está en mayoría? Quizás el acuerdo no estuviese amarrado, sólo sobreentendido.

-Ha habido diálogo, nadie dijo no. Pero te sientas con Podemos, por ejemplo, y te dicen: 'Lo tenemos que estudiar'. Te interesas más, y te contestan: 'Lo estamos estudiando'. Todos los sindicatos han hablado con todos los grupos políticos, y trasladaron la sensación de que el decreto salía para adelante, hasta el punto que no ha habido una contra propuesta. ¿Qué más diálogo cabe? Nadie transmitió una oposición frontal. Es que esto no es ideología, es el derecho de unos trabajadores amparados por una directiva europea. ¿O es que Podemos y el PP no comparten la directiva europea? ¿Por eso es por lo que votan en contra? Lo único que se me ocurre pensar es que se ha querido bloquear una acción de Gobierno, es una reedición de la pinza para que el Gobierno no actúe.

-¿Usted cree que Podemos participa de una pinza con el PP?

-Espero que Podemos entre en un debate para decidir qué quiere hacer en las instituciones. Porque el PP ya sabemos lo que quiere, desgastar al Gobierno. No me sorprende que el PP vote en contra, pero sí me causa sorpresa Podemos: ¿qué quiere cambiar las cosas o que las cosas no funcionen? Si, efectivamente, tenían propuestas, que las presentasen como enmiendas. En la reunión que mantuve con Podemos para la regla de gasto, hablamos de ello y me dijeron los mismo: 'Lo vamos a estudiar'. Pero luego no hay retorno, no te dicen nada, no quieren que se le pregunte por el sentido del voto. Quieren discutir en el pleno; de acuerdo, pues que hubieran aceptado y hubiesen presentado sus enmiendas.

-Consejera, esto mismo puede ocurrir con el proyecto de Presupuesto de 2016. Habrá que negociarlo antes de que entre en el Consejo de Gobierno.

-Por eso digo que es importante que los grupos reflexionen, yo hablaré con los grupos políticos antes, durante y después. Hay tiempo para hablar. Pero ya sé que hay grupos políticos que se opondrán porque se oponen a cualquier iniciativa. El PP siempre dice que tiene la mano tendida, pero es mentira, no son sinceros. ¿Qué hará Podemos? No lo sé, porque con Podemos todo es muy difícil por las razones que he dicho.

-Queda Ciudadanos.

-Ciudadanos y Izquierda Unida, con los que seguimos teniendo una relación fluida.

-Sabe que Ciudadanos pide una reducción del IRPF.

-No tengo dudas de lo que pide Ciudadanos, ya lo he dicho en dos o tres ocasiones. Ellos tienen esa prioridad y nosotros que funcionen los servicios públicos. No dudo que a lo largo de la legislatura se vaya a cumplir lo que dijo la presidenta, no hay duda, la duda es cómo acompasar.

-Si no es este año, ¿por qué el siguiente?

-Bueno, tenemos comprometida la devolución del 25% de la paga extra de los funcionarios. Por ejemplo.

-Vale, pero el resto de ciudadanos también se debe recuperar a la vez que lo hace la economía.

-Ojalá todo pudiera ser, pero todo debe encajar y lo primero que debe encajar es que el Gobierno me permita aplicar la regla de gasto como hemos propuesto [ello supondría disponer de 1.700 millones de euros más en 2016]. Son muy pocos recursos, y no podemos comprometer todo lo que querríamos.

-Con IU fue más difícil, no por ellos, sino porque la situación de 2012 a 2014 era más grave.

-Sí, la negociación con IU siempre fue leal pero dura.

-Si no hay acuerdo, se tendrán que prorrogar los Presupuestos.

-Eso sería una tragedia, porque Andalucía no podría aprovechar la recuperación económica.