Andalucía

La Junta debe 216,7 millones a los ayuntamientos

  • La deuda municipal con la administración se cifra en 401,9 millones. Jiménez Barrios aboga por el entendimiento para no caer en "debates peligrosos".

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha informado este jueves de que, según los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a junio de 2015, la deuda de la administración autonómica con los ayuntamientos era de 216,7 millones de euros, mientras que éstos le deben 401,9 millones. Durante su comparecencia en comisión del Parlamento, Jiménez Barrios ha abogado, en este sentido, por buscar el mejor entendimiento posible que redunde en un mejor servicio a los andaluces, sin caer en discursos de "agravio, victimismo o confrontación". Ha manifestado que esas son "cifras absolutamente reales" y ha pedido no arrojar las deudas de unos contra otros, para evitar el descrédito de las instituciones y para no caer en un "debate peligroso". Ha señalado que, sin duda, los ayuntamientos tienen la necesidad de cobrar lo que se les debe y la Junta tiene la obligación de pagarle lo que les debe, pero es necesario colaboración y lealtad institucional. Ha indicado que no es un problema de dinero, sino de dificultades de procedimiento administrativo, algo que se intentará consensuar con los ayuntamientos.

Ha apuntado que el grueso de la deuda de la Junta con los ayuntamientos está concentrada en los planes de empleo, una situación que se quiere resolver "pronto". Ha puesto el acento en que para intentar solventar la situación, se han adelanto los fondos incondicionados de la Junta a través de la Patrica, mientras que los de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) se han retenido. Ha asegurado que el Gobierno andaluz cumple su compromiso con la autonomía local y con las finanzas municipales, en momentos de enormes dificultades. Ha garantizado que la Junta va a seguir apoyando y defendiendo a todos los ayuntamientos andaluces, sean del signo político que sean. Asimismo, ha subrayado que la competencia sobre financiación de los ayuntamientos reside en el Gobierno central, pero que la Junta en el ámbito de sus posibilidades y competencias, realiza un ingente esfuerzo para atender la problemática de los entes locales andaluces.

Jiménez Barrios ha recordado que el Gobierno andaluz viene reclamando al Ejecutivo nacional un nuevo modelo de financiación más justo, no sólo porque el actual sistema no proporciona suficientes recursos, sino porque mantiene privilegios entre regiones permitiendo elementos de discrecionalidad al Gobierno. En este sentido, ha señalado que entre 2009 y 2013, Andalucía recibió 4.156 millones de euros menos de los que les corresponden. Por tanto, ha insistido en que el actual sistema de financiación no garantiza la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas y profundiza en la desigualdad de financiación. El vicepresidente ha señalado que desde el inicio de la crisis, la financiación incondicionada que la Junta ha transferido a los ayuntamientos andaluces se ha incrementado en un 275 por ciento. Concretamente, según ha apuntado, desde el año 2008 hasta el actual la financiación incondicionada a las corporaciones locales ha sido de 2.825 millones de euros.

Igualmente, Jiménez Barrios ha puesto de manifiesto que el Plan de Cooperación Municipal ha incrementado su dotación en 2015 un 13,1% respecto al pasado año, al haber pasado de 895 millones de euros a 1.013 millones de euros. Por otro lado, el vicepresidente ha confiado en una pronta renovación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), apuntando que uno de los problemas en la anterior legislatura fue la ausencia de la interlocución y el diálogo de la federación, que es un instrumento imprescindible. Asimismo, el vicepresidente ha señalado que la reforma local impuesta desde el Gobierno central esconde el desmantelamiento del municipalismo y la privatización de los servicios municipales, mientras que ataca a la autonomía local, además de invadir competencias contenidas en el Estatuto de Autonomía, amenazando el desarrollo de la Laula y la Ley de la Patrica. Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz tiene como base el respeto por la autonomía local, por la capacidad para gestionar sus competencias locales y por contar con financiación suficiente para poder llevarlas a cabo.

Calendario de pago de la deuda

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Ana Mestre ha manifestado que la realidad es que la Junta "obstaculiza permanentemente" la autonomía de las corporaciones locales, con una clara falta de apoyo financiero y con su oposición al desarrollo de proyectos importantes para las ciudades, como el caso de los tranvías o de los metros. Ha señalado que la realidad en los ayuntamientos es que hay una serie de compromisos que deberían conllevar unos cumplimientos de pago por parte de la Junta que luego no han existido, lo que genera problemas en las arcas municipales. Ha pedido a la Junta lealtad institucional con los ayuntamientos, y ha dicho que las medidas para paliar la situación de las arcas municipales deben empezar por la propia administración autonómica. Ha reclamado al Gobierno andaluz que concrete plazos y una calendarización del pago de la deuda con los ayuntamientos, más allá del pago adelanto de parte de la Patrica.

El parlamentario de Podemos Jesús Rodríguez ha destacado que la situación dramática de los ayuntamientos desde el punto de vista financiero y ha abogado por un plan de la Junta, con un calendario concreto, para el pago de sus deudas con los consistorios. En su opinión, no se debería dejar que los ayuntamientos adelanten fondos para llevar a cabo programas sin que exista un calendario que concrete cuándo recibirán el dinero de la Junta.  La diputada de Ciudadanos María Isabel Albás ha manifestado que los ayuntamientos tienen que tener clarificadas sus competencias, aquellas que diariamente tienen que ejecutar, algo que no ocurre en la actualidad, y contar con recursos suficientes. Ha señalado que esa falta de liquidez de los ayuntamientos repercute directamente en los ciudadanos.

El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha advertido de que no habrá competencias reales para los ayuntamientos, por muchas leyes que las digan, si luego no existen recursos suficientes que las financien. Ha mostrado su preocupación por que los ayuntamientos no reciban la liquidez para los programas que ya han cumplido y ejecutado. Ha pedido a la Junta una calendarización en los pagos para que los ayuntamientos tengan seguridad de en qué mes van a recibir la liquidez y ha apuntado que no es suficiente con la Patrica. La diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha señalado que la Junta está cumpliendo financieramente con los ayuntamientos, aunque, sin duda, hay que  mejorar y ha alertado de que la retención a los ayuntamientos en la PIE asciende a 1.369 millones de euros.  

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