El caso Aznalcóllar se cobra una víctima política. La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, ha sido destituida este martes de su cargo tras ser imputada -junto a otras seis personas- por presunta prevaricación por la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la concesión del yacimiento minero al Grupo México-Minorbis en detrimento de la denunciante, la empresa Emerita. La destitución ha sido ratificada en el Consejo de Gobierno de este martes, aunque ya este lunes el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, adelantó que "no habrá excepciones" en este caso en cuanto a la posición mantenida por el Ejecutivo de Susana Díaz de no mantener como alto cargo a ningún imputado. Todos los partidos de la oposición exigieron que dicho cese sea "inmediato".

Mientras que los vecinos de Aznalcóllar siguen a la espera de que el complejo minero se reabra, la investigación judicial por la adjudicación del yacimiento ha provocado la primera destitución en el organigrama de altos cargos de la Junta. María José Asensio, directora general de Minas desde junio de 2012, será destituida hoy de su cargo por el Consejo de Gobierno. Esta decisión se toma tras el auto judicial que le imputa una presunta prevaricación por la adjudicación.

Después de un fin de semana en el que desde las filas socialistas apenas se han realizado declaraciones sobre Asensio, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, avanzó este lunes que la posición de la Junta en este caso sería igual: "No habrá imputados en la nómina de altos cargos de la Junta".

Jiménez salía así al paso de las críticas de otros partidos que han exigido, desde que el viernes se conoció la resolución judicial, el cese "fulminante" de la directora de Minas. "Nadie tiene que recordarle ni al Gobierno de Susana Díaz ni al PSOE cuál es nuestro posicionamiento en esta materia", incidió el portavoz parlamentario socialista, quien recordó que la postura de la presidenta "desde hace mucho tiempo" es "muy clara" y que "tampoco habrá ninguna excepción en este caso". Jiménez calificó la investigacion judicial por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar como "una guerra entre dos empresas que ha afectado a funcionarios y servidores públicos honrados que se han visto en medio".

Fuentes oficiales del Gobierno andaluz confirmaron horas después a este periódico que el cese se ratificará en el Consejo de Gobierno convocado hoy, el primero que no preside Susana Díaz, de baja maternal.

Las reacciones a la imputación de Asensio no se hicieron esperar. Los portavoces parlamentarios del PP e IU, Carlos Rojas y Antonio Maíllo, respectivamente, fueron los más beligerantes a la hora de exigir su cese. Rojas pidió desde Almería una destitución "fulminante" de los imputados por este caso. "La Junta está tardando en asumir esas responsabilidades políticas", criticaba el portavoz popular, quien no se explicaba "a qué se debe esta tardanza". "Queremos que haya transparencia sobre esa adjudicación minera y que se cuente qué ha ocurrido, pues hasta ahora las explicaciones políticas no han sido las que tenían que ser y han ido muy en la superficie", destacó Rojas.

Maíllo también arremetió contra la Junta, a la que ha pedido que sea "sincera" sobre este "lamentable" caso, además de exigir el cese de la directora general de Minas. El coordinador general de IU en Andalucía acusó a los socialistas de "someter a la comarca a una situación de incertidumbre de manera irresponsable". "El Gobierno andaluz debería acudir a Aznalcóllar a explicar qué pasa con la mina tan rápido como fue a vender la reapertura", reclamó Maíllo, que no se explica la paralización de una concesión. "Es una decisión política, ya que la existencia de una investigación judicial no conlleva la paralización", añadió el portavoz parlamentario de IU.

Respecto a esta petición, que realizó el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (también de IU), Mario Jiménez explicó que la postura de la Junta en cuanto a la reapertura del yacimiento está ligada "al cumplimiento de la ley", por lo que todas las decisiones que se tomen al respecto deben estar contempladas en el marco legal.

Ciudadanos, por su parte, llamó a la calma al garantizar que el pacto anticorrupción firmado por el partido naranja y el PSOE "se cumplirá en Aznalcóllar".