La Junta no está de acuerdo respecto al destino que deben tener los 1.712 millones de euros que recibirá de forma extraordinaria en 2016 con motivo de las entregas a cuenta y la liquidación de 2014. La llamada regla de gasto, impuesta por el Gobierno central, obliga a la Administración andaluza a dedicar el 70% a reducir el déficit y pagar la deuda que tiene con los bancos. Eso es lo que intentará evitar María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, en las negociaciones que pretende mantener con su homólogo en el Ejecutivo de Rajoy, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

La mencionada regla de gasto, incorporada por la Administración central mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, impide a las comunidades aumentar su presupuesto por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Esta tasa, fijada por el Ministerio de Economía y Competitividad, se sitúa en el 1,8%, una cifra muy inferior a las previsiones de crecimiento previstas por el Gobierno en su actualización el pasado abril, que vaticinan un crecimiento del PIB del 2,9% para 2015 y 2016 y un 3% para 2017 y 2018.

"Bruselas sólo considera la regla de gasto una recomendación en momentos con mucha inflación y altos tipos de interés", señaló ayer Montero. La consejera aseguró que la incorporación de esta exigencia "compromete a Andalucía, que ha cumplido en los años   previos" con los objetivos de déficit y deuda.

Sin embargo, Montero dijo comprender la necesidad de dedicar parte de los 1.712 millones a reducir el déficit autonómico hasta el 0,3% en 2016, un objetivo con el que no está de acuerdo, pero que se compromete a acatar. En este sentido, se mostró dispuesta a dedicar 570 millones de euros a conseguir esa meta, pero no así con los 1.142 restantes. "Andalucía es una comunidad seriamente comprometida con la estabilidad", manifestó Montero, pero considera que esa actitud no obliga a la comunidad a cancelar deuda con los bancos por un importe de 633 millones de euros, cantidad que podría dedicar a "hacer posible el sostenimiento del Estado de bienestar".

Si la Junta no está de acuerdo con el destino que debe dar al ingreso extraordinario, su origen también  es polémico. El montante se desglosa entre los 753 millones de euros procedentes de las entregas a cuenta y otros 959 que se corresponden con la liquidación del modelo de financiación autonómica en 2014. La primera cantidad depende de la evolución económica del país y la recaudación de impuestos; mientras que la segunda corrige la previsión -a la baja- que hizo el Ejecutivo de Rajoy respecto a las transferencias que debía hacer a Andalucía en 2014. "Esos casi mil millones no son ningún regalo, sino que el Gobierno de España ha tenido un dinero que Andalucía hubiera necesitado para intentar que las políticas ejecutadas no asfixiaran a los ciudadanos", sentenció Montero.

La consejera de Hacienda criticó que el Gobierno haya establecido el mismo objetivo de déficit para todas las comunidades. También afeó el rechazo a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabore un informe sobre la distribución del esfuerzo para conseguir el objetivo de déficit. "El problema no es el reparto. Hay que tener en cuenta que más del 80% del gasto de las comunidades es en sanidad, educación y políticas sociales", destacó. Su propuesta en este sentido pasa por que Madrid establezca que en qué ámbitos deben hacerse los recortes en función del efecto en la población.