La asociación de letrados de la Junta de Andalucía denunció el pasado 24 de julio en el juzgado de Guardia a funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), a los que atribuyen presuntamente delitos de detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral en relación con el arresto de una letrada de la Junta, en el marco de la causa abierta por las irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

En un comunicado, la asociación de letrados de la Junta reconoce públicamente la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque señala que se ha visto “compelida a reaccionar ante un hecho que afecta directamente a la dignidad de uno de sus miembros”.

Los letrados recuerda en el marco de esta investigación, que dirige el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla se dictó un auto por el que se ordenaba a la Policía que tomara declaración a las personas integrantes de la mesa del concurso y a las que formaban parte de la comisión técnica encargada de evaluar las ofertas, “descartándose en un auto posterior que debieran declarar en calidad de detenidas o imputadas”.

Dice la asociación que a pesar del tenor de las resoluciones judiciales y del hecho de que los funcionarios públicos conocían con anticipación que serían llamados a declarar en sede policial, a la que acudieron “libre y voluntariamente” y colaborando “activamente” en el esclarecimiento de los hechos, se produjo su detención en las mismas dependencias policiales antes de comenzar las declaraciones y siendo puestos en libertad al término de las mismas.

A juicio de esta asociación, las detenciones fueron “innecesarias y desproporcionadas”, y se produjeron “orillando el mandato judicial y al margen de los supuestos tasados legalmente”. Se trata de unas prácticas que, según consideran, además de “poner en peligro” para todos los ciudadanos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ocasionan en las víctimas un “daño moral gravísimo, añadiendo su repercusión mediática un perjuicio reputacional de difícil reparación”.

Ante estas detenciones, los letrados que integran la asociación han puesto de manifiesto que “apoyan sin fisuras toda actuación judicial tendente a desterrar cualquier atisbo de comportamiento en las administraciones públicas, especialmente en el seno de la Junta de Andalucía, desconocedor del mínimo respeto a la ley y al derecho”.

Pero al mismo tiempo muestra su “honda preocupación por el creciente recurso a la jurisdiccional penal como vía ordinaria para el enjuiciamiento de la legalidad administrativa y por la actual tendencia a obviar el principio de intervención mínima del derecho penal”.

Así, muestra su absoluto rechazo a aquellas conductas, actuaciones y opiniones que, para sostener discrepancias surgidas en la interpretación del ordenamiento jurídico, “menoscaben gratuitamente la labor de los letrados de la Junta de Andalucía, hasta el punto de criminalizarla; más aún cuando las discrepancias respecto del criterio de especialistas acreditados en el mundo del Derecho proceden de personas que carecen de la más elemental cualificación técnica”.

Por todo ello, la asociación concluye poniendo de manifiesto su “firme determinación de acudir en defensa de sus asociados en todos aquellos casos en los que su honorabilidad, profesionalidad y dignidad se vean menoscabados gratuitamente por cualquier instancia o actuación”.

Por último, recuerda que los miembros de esta asociación “gozan de acreditada cualificación y vocación de servicio público, y tienen el honor y la responsabilidad de desempeñar su trabajo diario al servicio del ciudadano”.