No hace falta que ningún juez lo inhabilite, antes de la condena y del juicio, y si llegan, ya están inhabilitados". El proceso para un cargo público es más duro, a veces, que la condena. Eso es lo que opinan en el entorno de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Imputados por un delito de prevaricación administrativa, que está penado con la inhabilitación, no con privación de libertad, tres de las personas que más poder han tenido en Andalucía en las dos últimas décadas hacen frente en estos días a lo que se ha venido en llamar muerte civil. José Antonio Viera, el cuarto de los imputados, se resiste, ha optado por el atrincheramiento, sabedor que su delito es bien distinto, el de la malversación de fondos, por el que podría ser condenado a nueve años de prisión.

Zarrías se afilió al PSOE por vía paterna, su padre había sido uno de los pocos militantes socialistas que llevó el carné desde la Segunda República hasta la Transición democrática. Exilio interior incluido. La historia del PSOE en el siglo XX es el de un gran Guadiana, sólo existió y mal avenido en el exterior, pero tres o cuatro dirigentes de Jaén, entre ellos el viejo Zarrías, mantuvieron el partido hasta que uno de ellos, ya en Sevilla y en los años sesenta, dio con el grupo de abogados de la calle Capitán Vigueras: Felipe González, Manuel del Valle, Carmen Hermosín. El origen de Chaves es bien distinto, su padre era militar, pero como Zarrías "sacraliza" al partido, de tal modo que si su secretario general, Pedro Sánchez, le pide que entreguen las actas de diputado, ellos la entregan.

Y así lo hicieron el jueves pasado en el despacho del secretario de Organización, César Luena, a las pocas horas de saberse que el juez del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiro los había imputado por un delito de prevaricación administrativa, penado sólo con la inhabilitación. Sin embargo, Zarrías ha solicitado unos días antes de hacer efectiva su renuncia, y por dos motivos: el miércoles presentó un recurso de archivo de la causa ante el juez y ha solicitado a la Sala Segunda que suspenda la petición del suplicatorio y, segundo, por asuntos más mundanos relacionados con su preparación para la vida laboral fuera de la política. A diferencia de Chaves y Griñán, que pasarán a cobrar su jubilación ordinaria, Zarrías aún tiene 60 años. Una persona cercana al ex consejero de Presidencia explicó a este medio que sólo es una cuestión de días, del lunes al miércoles.

Sin embargo, en la dirección socialista andaluza y en la federal ha cundido cierta inquietud, cuando no malestar. Pedro Sánchez tuvo que explicar ayer que ambos presentarán su dimisión de modo inmediato. El problema del PSOE es que Luena anunció el jueves que éstas se habían producido casi de modo súbito, y así fue, de ahí que este retraso parezca contradecir el compromiso que tanto Sánchez como la presidenta Susana Díaz adquirieron ante la opinión pública. Sin embargo, nadie se hubiera intraquilizado si el tercero en discordia, el diputado sevillano José Antonio Viera, no hubiese dado la espantá, dejando el carné del PSOE y atrincherándose en el Grupo Mixto, junto a Amaiur, por ejemplo, para defenderse mejor ante el Tribunal Supremo.

Viera es distinto. Su sentido de partido es muy diferente. Susana Díaz, que lo conoce bien, ha entrado en estado de indignación, como Sánchez, pero tampoco le ha extrañado de una persona de la que comenzó a desconfiar hace tres o cuatro años. Es cierto: en una entrevista que Viera concedió al periodista de la Cadena Ser Aimar Bretos en septiembre pasado, el ex consejero de Empleo aseguró que el aforamiento le estaba perjudicando porque no podía defenderse. Extraño, porque si hubiese sido un ciudadano de a pie como su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, habría pasado unos cuantos meses en prisión preventiva, que es lo que la instructora Mercedes Alaya hizo con el jerezano. Aimar Bretos repreguntó: ¿Y por qué no deja el aforamiento? Respuesta: se trata de una decisión colectiva. Es decir, que debía adoptarla junto con Chaves y Zarrías. El tiempo ha demostrado su mentira, sus dos compañeros de escaño se van, pero él se queda. Y Griñán renunció hace más de dos semanas.

La razón de Viera, con independencia de las cualidades individuales, es que él ha sido imputado por un delito que conlleva penas de prisión. De perder el aforamiento, su causa volvería al Juzgado número 6 de Sevilla donde le esperaría Alaya. Según han relatado a este medio los afectados, Viera no entregó su dimisión a Luena, dejó pronto Madrid y ha sido su abogado defensor el que lo ha convencido de ello. Es cierto que el diputado dejará de serlo en septiembre, cuando Mariano Rajoy convoque elecciones generales, por lo que se puede pensar que es una estrategia de luces cortas, pero no es así. La titular del juzgado de Sevilla es ahora María Núñez Bolaños, enfrentada desde el principio con Alaya, que ha quedado como juez de refuerzo. Al día de hoy, el plan de trabajo aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deja a Alaya el caso de los ERE mientras que el de los cursos de formación y el de la agencia IDEA pasaría a la titular o al otro juez de refuerzo. Viera, por tanto, se vería con Alaya en septiembre o en octubre. Sin embargo, no tiene por qué ser así, y con este tipo de asuntos juega la defensa del ex consejero.

María Núñez Bolaños ha solicitado al TSJA una enmienda de ese plan de trabajo. Quiere trocear la causa de los ERE, tal como ha solicitado la Fiscalía en numerosas ocasiones. Si esto ocurre, Alaya podría ser desalojada también de la instrucción de los ERE referida a los ex presidentes y ex consejeros, a quienes se investiga por la elaboración del sistema, no por su ejecución. El TSJA y el Consejo General del Poder Judicial se van a tener que pronunciar en los próximos días sobre este reparto.

El asunto de Zarrías es distinto. Un día antes de que el juez Jorge Alberto Barreiro enviase su exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo -la habilitada para solicitar los suplicatorios al Congreso-, el ex consejero de Presidencia solicitó el archivo de su causa bajo el argumento de que no hay indicios de que participase de ningún acuerdo para cometer el fraude. El juez emite el jueves su exposición razonada, que no un auto, por lo que no puede ser recurrido, pero sí podría entenderse como una respuesta al recurso anterior de Zarrías. Por eso, su defensa ha recurrido ante la Sala Segunda para que suspenda el suplicatorio.

Fuentes cercanas al ex consejero han explicado que él mismo, al igual que Chaves, comunicarán al Supremo su baja en el Congreso los primeros días de esta semana, lo que pondría fin a unas especulaciones, en parte bien fundamentadas, que sostienen que estos cargos maniobran con Viera para que su causa siga en el Alto Tribunal. Es lo que opina, por ejemplo, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno: que los diputados están desafiando lo que él juzga como una falta de autoridad de Pedro Sánchez y Susana Díaz.