"Si hace eso, será expulsado del partido". La noticia de que el diputado socialista José Antonio Viera no iba a renunciar a su acta de diputado, a pesar de ser imputado por el Supremo, sorprendió ayer a su secretario general, Pedro Sánchez en un acto en Madrid. Sorprender no es el verbo correcto porque desde el jueves pasado, día en que se conoció la decisión del juez Jorge Alberto Barreiro, Viera se había resistido a dejar el escaño. Su razón es que desea recurrir la decisión del juez del Supremo, y para ello necesita seguir siendo aforado. A diferencia de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también de Gaspar Zarrías, a Viera se le va a investigar por un delito, malversación de fondos públicos, que puede ser penado hasta con nueve años de cárcel. Viera ha dejado de ser militante del PSOE, entregó su carné de militante de Coria del Río, y el grupo parlamentario socialista le ha solicitado su acta de diputado. Como se resiste a ello, pasará al grupo mixto, lejos de sus antiguos compañeros pero protegido por el aforamiento. Sin embargo, su mantenimiento en el Congreso puede provocar que los casos de Chaves, Griñán y Zarrías se queden también en el Supremo y no sean enviados al juzgado número 6 de Sevilla al entender el alto tribunal que hay "conexidad" entre ellos.

Si es así, será la Sala Segunda del Supremo la que tendrá que posicionarse sobre los ex presidentes y solicitar el suplicatorio de Viera. Pero a todo ello se suma que el ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que sí renunciará, presentó ayer ante la Sala Segunda un recurso contra la exposición razonada del juez por lo que solicita la suspensión de su suplicatorio. Esto añade más dudas sobre el destino final de esta causa a pesar de que el jueves parecía todo claro cuando el secretario de Organización del PSOE, César Luena, anunció que todos habían solicitado voluntariamente su renuncia inmediata al escaño.

El PSOE había ejercido toda la presión posible sobre Gaspar Zarrías y José Antonio Viera para que entregasen sus actas de diputados. Manuel Chaves, por su condición de ex presidente de la Junta y de presidente del PSOE federal, estaba convencido de ello, pero Zarrías aún tenía una oportunidad procesal aunque también iba a renunciar. El ex consejero había pedido el miércoles que se archivase su causa mediante un escrito ante el instructor, solicitud que está obligado a responder. Como al día siguiente, el jueves, el juez emitió su exposición razonada, la defensa de Zarrías la entendió como respuesta, por lo que la considera recurrible. Es lo que hizo ayer.

El caso de Viera es muy distinto. El ex consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 quiere defenderse desde el Congreso. Algunos de sus allegados han relatado su temor a que su caso caiga en manos de la juez Mercedes Alaya, que sigue en el juzgado número 6 de Sevilla aunque como personal de apoyo, no de titular. Debe ser ésta, María Núñez Bolaños, la que reparta el trabajo en el juzgado, aunque había adelantado que Alaya seguiría con la instrucción de los ERE. Pero también es posible que el caso, que es un megaproceso, se trocee como quiere la Fiscalía Anticorrupción, con lo que Mercedes Alaya no tendría que ocuparse de los ex presidentes y de los ex consejeros. Con este tipo de dudas es con lo que parece querer jugar la defensa de Viera. Y es que, en cualquier caso, el diputado dejará de tener acta en el mes de septiembre, cuando está previsto que Mariano Rajoy convoque elecciones generales. Son tres meses escasos pero definitivos para saber qué ocurrirá con una causa que ha terminado por complicarse.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó ayer sus primeras declaraciones sobre la imputación de los ex presidentes, pero muy condicionada por el atrincheramiento de Viera: "Este señor iba en las listas del Partido Socialista y por higiene democrática debería entregar su acta al PSOE que así se lo ha pedido. El PSOE ha puesto su listón en la imputación con delito. Es evidente que no va a haber imputados en el grupo socialista". Viera no la ha entregado, pero comunicó al secretario de Organización de Sevilla, José Muñoz, su baja en el partido. Militaba desde el año 1981, y durante este tiempo ha ocupado importantes cargos en la Administración andaluza y en el propio partido, ya que fue secretario general del PSOE de Sevilla desde los años 2004 a 2012. Llegó a esta dirección después de que su antecesor, José Caballos, le echase un pulso a Manuel Chaves.

Viera indicó a los periodistas que quería "liberar" a su partido de las presiones, y por eso entregaba su carné antes de que se lo solicitase el propio PSOE. El ex consejero también alegó que el código ético del partido no obliga a los cargos públicos a dimitir cuando sean imputados, y es cierto: la norma exige la renuncia cuando se abre juicio oral, pero tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz han elevado el listo en el caso de los estos ex dirigentes. Viera sostiene que dejará el escaño cuando se ordene el juicio, aunque es más que posible que para entonces no sea diputado porque el presidente disolverá el Congreso en septiembre.

Pedro Sánchez aseguró que en estos días ha tenido que tomar la "decisión más dura" desde que es secretario general: solicitar a dos ex presidentes la renuncia a sus escaños. Susana Díaz se mostró parcialmente satisfecha con las dimisiones: "Saben que he cumplido mi palabra, que en noviembre del pasado año anuncié que el partido socialista no iba a tener ningún imputado en ninguna Cámara, ni en el Parlamento ni en el Congreso ni en el Senado, y sólo tengo eso, mi palabra".