El Gobierno andaluz pretende blindar el sistema autonómico de los posibles copagos impuestos desde Madrid en la medida que afecten a las competencias transferidas, es decir, aquellas que no pertenecen a la cartera básica de servicios. Es una de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno y que la Junta espera aprobar definitivamente antes de la primavera de 2016. 

La norma, que acaba de comenzar su andadura legislativa, impide que se establezca cualquier copago en la cartera complementaria de servicios, como los diagnósticos preimplantatorios. Además, pretende dar rango de ley a iniciativas que se están llevando a cabo para paliar el efecto copagos ya existentes, como que impuso el Real Decreto Ley 16/2012, que obliga a los pensionistas a sufragar parte de los fármacos necesarios en sus tratamientos. "Los andaluces no pagarán por transportes médicos, como llegó a estudiar el Gobierno central antes de la negativa del Consejo de Estado", afirmó Aquilino Alonso, nuevo consejero de Salud de la Junta, en la presentación del anteproyecto de ley. 

Esta medida está incluida en el primer capítulo del texto, junto con el reconocimiento de otros derechos, como el acceso a todas las prestaciones y al historial médico, la segunda opinión médica, los cuidados paliativos y el consejo genético, entre otros. El resto del documento recoge los compromisos que adquiere la Junta para asegurar la sostenibilidad del sistema en cuatro áreas: económica, social, ambiental y del conocimiento. 

El apartado financiero incluye una de las pocas cifras concretas que aparecen en el anteproyecto: el compromiso de la Administración andaluza a dedicar anualmente el 6,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la inversión en sanidad. Según señaló el consejero, esta medida significa un aumento considerable en los próximos cuatro años, puesto que en la actualidad el gasto público en salud asciende al 6,01% del PIB. 

Alonso declinó hablar de cantidades exactas y emplazó a esperar a la aprobación del Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que también recogerá el número de contrataciones necesarias para el mantenimiento del sistema y otros datos, como la duración de las listas de espera para realizar intervenciones. 

El anteproyecto blinda el uso de los genéricos y la selección pública de medicamentos, es decir, las llamadas subastas de medicamentos. También garantiza la incorporación de nuevas alternativas terapéuticas, siempre que sean más efectivas que las existentes. Esta iniciativa tiene por objetivo adaptar el sistema andaluz a las necesidades que aparezcan entre los pacientes, como el tratamiento de enfermedades crónicas, cada vez comunes como resultado del aumento de la esperanza de vida. 

La intención del Ejecutivo es "blindar el sistema público andaluz para evitar la tentación de realizar privatizaciones", declaró Alonso, que también mencionó el objetivo de garantizar la "supervivencia" del modelo actual. El nuevo consejero presentó el anteproyecto de una ley que ya anunció José Antonio Griñán en su primer discurso de investidura y que estaba en el paquete legislativo acordado por el PSOE e IU en la anterior legislatura.