Ayer por la mañana, a la hora exacta que el Arzobispado indicó a la Policía Judicial adscrita a los juzgados, se pudo notificar personalmente al arzobispo de Granada, Javier Martínez, el auto en el que el instructor del caso Romanones le reclama las declaraciones escritas que los principales sacerdotes imputados prestaron en el marco del expediente eclesiástico abierto tras tener la diócesis granadina conocimiento del caso.

Fuentes del proceso confirmaron que la notificación se realizó a las 10:00 en el mismo Arzobispado, hasta donde se desplazó un funcionario del servicio de notificaciones de los juzgados, por lo que el plazo procesal de tres días dado por el magistrado Antonio Moreno, instructor de la causa, comenzará a contar el próximo lunes y vencerá el viernes.

En esos tres días (ni el fin de de semana cuenta ni el jueves, por ser festivo), el prelado deberá remitir la documentación que el juez le viene pidiendo de forma insistente desde el pasado mes de noviembre, pues de no hacerlo puede incurrir en un delito de desobediencia, con las consecuencias legales que ello puede conllevarle. De no tenerlas en su poder, deberá acreditar, mediante los decretos correspondientes, el traslado de los documentos a instancias eclesiásticas superiores.

En el auto, dictado el pasado día 26, el juez dio tres días al prelado para que aporte "como parte de toda la documentación integra reiteradamente solicitada, las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita en relación a las personas implicadas en este procedimiento judicial y respecto a las que se siguió expediente canónico". El auto, contra el que cabe recurso de reforma, advertía a Martínez que "en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades".

La resolución no pudo ser notificada ni el 26 ni el 27 por el funcionario judicial, por lo que el órgano mandó el jueves a la Policía Judicial de los juzgados de la Caleta al Arzobispado a preguntar cuándo podía estar Martínez para efectuar la notificación. El prelado siempre ha defendido que ha colaborado con la justicia para el esclarecimiento de este caso, en el que se investiga a diez curas y dos laicos (a uno por acción y al resto por omisión) por presuntos abusos sexuales a dos jóvenes siendo menores.