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Andalucía

La Junta asegura que la norma no invade competencias del Estado

  • Serrano pide al Ejecutivo de Rajoy que retire el recurso contra la ley que desarrolla el decreto

"Respetamos todas las sentencias pero no tenemos que compartirlas". La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, defendió así la validez del Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda, anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y acompañada por el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, la consejera manifestó que "no hay invasión de competencias", que es lo que alega el Alto Tribunal para rechazar parte de la normativa andaluza.

Para reforzar su tesis, Serrano recordó que el Alto Tribunal no ha estimado por unanimidad el recurso de insconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy para derogar el decreto, puesto que la sentencia cuenta con tres votos particulares. Además, la consejera tachó la sentencia de "farragosa y polémica", puesto que deja la puerta abierta a que, por su mayor rango normativo, la ley de función social de la vivienda -que desarrolla las medidas adelantadas en el decreto- no incurra en la misma inconstitucionalidad. En este sentido, Serrano explicó que el tribunal ha anulado fragmentos de tres artículos del decreto-ley porque afectan al Derecho a la Propiedad, incluido en el artículo 33 de la Constitución y que sólo puede ser regulado mediante leyes.

Ante la decisión del Constituional, María Jesús Serrano pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que retire el recurso contra la mencionada ley, aprobada después del decreto, para que "de la cara por los andaluces" y evitar que la normativa quede bloqueada. "El presidente del Gobierno tiene que ponerse de lado de las familias que sufren" sentenció la consejera, que reclamó "sensibilidad con los más desfavorecidos".

La consejera, que recibió las competencias en materia de Vivienda de manos de Elena Cortés cuando se rompió el pacto de Gobierno entre su partido e Izquierda Unida, defendió la actuación su predecesora en el cargo y a José Antonio Griñán, presidente de la Junta cuando se aprobó el polémico decreto. Serrano también aseguró que en "en el momento en que Susana Díaz sea investida" seguirá trabajando "por el derecho a la vivienda y para ayudar a los más vulnerables", un compromiso adquirido por la presidenta en funciones.

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