La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha remitido al Tribunal Supremo 13 actas de Consejos de Gobierno celebrados entre los años 2000 y 2010 en los que se aprobaron modificaciones presupuestarias, dando cumplimiento de esta forma al requerimiento efectuado por el Alto Tribunal en el marco de la investigación a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros tres aforados.

Alaya explica en un auto que ha encontrado varias actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta relativa a las modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo. Se trata en total de diez actas de reuniones celebradas entre los años 2001 y 2010, además de otras tres copias de expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 22E de la Consejería de Empleo que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2000.

De otro lado, Alaya ha pedido información bancaria relacionada con otra ayuda concedida a una empresa de Linares (Jaén). La instructora dice que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén está investigando a la empresa Industria auxiliar para maquinaria y automoción (Iamasa) de Linares, que fue beneficiaria de ayudas sociolaborales por importe de 2.318.478,44 euros procedentes de los fondos públicos andaluces. Parte de dichas ayudas, en concreto, 924.691,20 euros, habrían sido ingresados en una cuenta de la Caixa a nombre de Iamasa y de dos ex trabajadores, Francisco Martínez Ledesma y Juan Gómez Montávez, por lo que Alaya considera “absolutamente necesario conocer los movimientos bancarios realizados” en dicha cuenta desde su apertura, así como los titulares y autorizados de la misma, con objeto de “determinar si el dinero recibido de la Junta fue finalmente destinado para hacer frente a las primas de la póliza”.