Según el Consejo Mundial de Navegación (World Shipping Council), el puerto de la Bahía de Algeciras es el número 31 del mundo por cantidad de contenedores. El dato lo convierte en el quinto de Europa y permite que en la infraestructura gaditana atraquen gigantes como el McKinney Moller, de la naviera Maersk, que superó en enero el récord de carga de contenedores en un barco, con 18.024 unidades. Si este mastodonte vuelve a Algeciras a partir de 2018 estará obligado a incorporar un sistema de mediciones homologado por la Unión Europea. O al menos eso establece la norma aprobada por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del mes de abril y que se aplicará a los buques de más de 5.000 toneladas de registro que atraquen en los puertos europeos.

"Hoy hemos dado un primer paso hacia la reducción de emisiones. Si no se hace nada, la contaminación de los barcos se incrementarán el 50% para 2030", advirtió José Inácio Faria, eurodiputado portugués encargado de defender el texto y miembro del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, donde están partidos como Ciudadanos o UPyD. En la actualidad, el 4% de gases de efecto invernadero que se producen en la UE proceden de los barcos que utilizan las infraestructuras portuarias de los 28 países miembros, pero este sector es el único medio de transporte no incluido en los planes de la unión para reducir emisiones. "Ahora nos ponemos a contar algo que antes no sabíamos cómo", asegura Inés Ayala, eurodiputada del PSOE, que considera lógico que las empresas sean reticentes a revelar determinados datos por motivos comerciales: "Es normal que no quieran dar a conocer determinadas rutas que pueden ser más rápidas o divulgar su carga a la competencia", manifestó.

La norma establece un sistema de monitorización, notificación y verificación de emisiones contaminantes que tiene por objetivo reunir datos como la eficiencia de los motores o el consumo de combustible. Quedan excluidos los barcos de pesca, los de guerra, así como los buques propiedad de los estados utilizados con fines no comerciales. Según Ayala, un 50% de la flota que utiliza los puertos europeos se verá afectada, pero se controlará hasta el 90% de las emisiones, puesto que las categorías incluidas en la ley comunitaria son las más contaminantes.

Durante el debate el la Eurocámara Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, destacó la importancia de esta normativa como una forma de enviar una señal muy importante ante la próxima cumbre de la ONU sobre cambio climático, que se celebrará en París a finales de año. Inés Ayala y José Inácio Faria, por su parte, hicieron referencia a la capacidad de esta norma de influir en decisión al respecto que deberá tomar la Organización Marítima Internacional (OMI) en los próximos años y que "será más restrictiva respecto a la protección de la salud pública", manifestó la eurodiputada socialista.