La Junta de Andalucía subvencionó, en el marco del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, planes de prejubilación a un 125% más de ex trabajadores de los que lo hizo el Ministerio de Trabajo y ello pese a estar obligados por el mismo acuerdo base firmado en 2002. Así se concluye en el informe realizado por el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, que ha sido entregado a la jueza Mercedes Alaya.

Los investigadores destacan este dato para poner de manifiesto "la generosidad" de la Junta de Andalucía en este proceso, precisando que si el Ministerio de Trabajo, tras realizar 15 resoluciones y siguiendo el procedimiento administrativo reglado, dio subvenciones a los planes de prejubilación a un total de 332 ex trabajadores, mientras que la Administración autonómica elevó el número hasta los 802.

Además, especifican que el Ministerio pese al "encorsetamiento" que le obligaba la burocracia necesaria, alcanzó a pagar en fecha sus compromisos de pago, mientras que la Junta, pese a "utilizar un sistema que se saltaba todos los controles y prescindía del trámite administrativo, fue acumulando retraso en los pagos que le ha supuesto unos intereses de mora que se cuantifican en magnitudes de millones de euros".

Los investigadores indican que en la negociación del acuerdo marco, participaron tanto la administración central como la autonómica, siendo interlocutores de los trabajadores los sindicatos CCOO y UGT, quienes, para la Guardia Civil, tuvieron una participación en los hechos investigados "en paralelo a la seguida por la Junta de Andalucía". Hay que recordar que los investigadores parten de que el acuerdo marco de 2002 por el que se acuerda el ERE de la Faja Pirítica no es reprochable "ni desde el punto de vista legal ni penal".