El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ernesto Marín (PP), tendrá que declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad en calidad de imputado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2014 por el ex edil socialista y antiguo responsable del área de Urbanismo Joaquín Muriano. En un auto con fecha del pasado 26 de enero, el juzgado acuerda la incoación de diligencias previas al apreciar indicios de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos por parte del alcalde, toda vez que el relato de los hechos del denunciante "aparece apoyado en documentación oficial del Ayuntamiento de Chiclana".

En una providencia posterior, el juzgado cita a declarar a Muriano y a cuatro testigos para el 23 de abril. Una vez hayan declarado, "se señalará fecha para que Ernesto Marín declare en calidad de imputado". La denuncia que ha dado pie a este procedimiento se basa en una serie de acuerdos y resoluciones administrativas adoptados por Marín entre el 4 de noviembre de 2008 y el 26 de marzo de 2014 con la supuesta intención de impedir la moción de censura acordada por PSOE, PSA e IU en octubre de 2008.

Entre otras actuaciones "prevaricadoras" que atribuye al alcalde, figura decreto dictado, "abusando del cargo que ostenta", para que el Ayuntamiento ejercitase acciones penales contra Muriano en relación a una licencia de obra que "no contaba con informe desfavorable ni advertencia de ilegalidad". Sostiene que el alcalde utilizó "el orden jurídico-administrativo, la personalidad jurídica y los recursos económicos del Ayuntamiento para interponer una querella contra un rival político" por un "interés partidista".

Asimismo, argumenta que las querellas fueron interpuestas "en nombre y representación del Ayuntamiento, pero sin contar con éste", ya que "no consta propuesta de resolución, no consta trámite de audiencia al interesado, no consta petición de dictamen previo a la secretaría general, no consta ningún dictamen jurídico previo a la resolución para la interposición de acciones y no consta notificación personal a Joaquín Muriano".

Con todo, relata que el alcalde autorizó gastos a cuenta del Consistorio para llevar a cabo el procedimiento, contratando a un abogado externo al Ayuntamiento, estimando el denunciante que ha incurrido en "una clara malversación". Según sus estimaciones, la cuantía total ronda los 50.000 euros.

Una vez terminadas las diligencias previas por parte del juzgado, el Ministerio Fiscal solicitó en diciembre de 2013 el sobreseimiento provisional de la causa contra Muriano al entender que no existen indicios de delito en su actuación.