Andalucía

Alaya rechaza expulsar a la Junta del caso de los ERE

  • La juez reproduce los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la salida del proceso de la Administración autonómica.

La juez Mercedes Alaya ha rechazado la petición realizada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los ERE, para que se “expulse” del procedimiento a la Junta de Andalucía. En un auto, la magistrada reproduce los argumentos mostrados por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la expulsión de la Administración autonómica del proceso, y ha aceptado que la Junta está personada en la causa en su doble condición de perjudicada, en relación con el fraude, y también de responsable civil, al estar imputados funcionarios públicos, por lo que sería responsable de los delitos cometidos por estos funcionarios frente a terceros perjudicados.

El Ministerio Público destacó en un escrito presentado en el juzgado de Alaya en noviembre pasado que la petición de apartar a la Administración autonómica no es procedente porque la Junta es la institución perjudicada por el fraude y ejerce la acusación particular para tratar de recuperar los fondos públicos defraudados, que la instructora cifra en 855 millones de euros.

La juez Mercedes Alaya pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición realizada en julio de 2014 por el sindicato Manos Limpias, que pidió la expulsión de la Junta del procedimiento ante la actitud "totalmente obstruccionista" que según el sindicato muestra la Junta en esta investigación.Manos Limpias consideró en ese escrito que era "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad".

Por ello, el sindicato pedía igualmente que, con carácter subsidiario, se transforme la condición procesal de la Junta en el sentido de que sea considerada "responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados" que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta.

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