La juez Mercedes Alaya implica a todo el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves entre los años 2005 y 2007 en el conocimiento y mantenimiento del fraude de los ERE. En la exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los cuatro últimos aforados -los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio-, la juez advierte que, "bajo ningún concepto lógico o razonable, podría negarse a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema, en primer lugar por la Consejería de Hacienda y sus responsables... y en segundo lugar, por el propio Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves, quien tras el análisis de dichos expedientes" aprobó mediante sucesivos acuerdos de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006y de 8 de mayo de 2007 los programas de anuales de Control Financiero Permanente sobre las empresas públicas de la Junta "a propuesta del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán".

En su informe, de 73 folios, la magistrada concluye que, a su juicio, "ni los responsables de la Consejería de Hacienda ni el Consejo de Gobierno ni su presidente pueden justificar razonablemente el uso de las transferencias de financiación por la agencia IDEA (cuyo conocimiento se tenía inequívocamente), y por el resto de las empresas públicas de la Junta.

Dice Alaya que, "de forma ilegal", las transferencias se destinaban a la concesión y pago de subvenciones sociolaborales "de las que conocían también que se omitía la fiscalización previa por parte de la Intervención" General de la Junta.

La juez tilda de "corrupto y arbitrario" el sistema, por cuanto generó una "severa injusticia": las ayudas sociolaborales se concedieron sin sujeción a bases reguladoras ni a procedimiento alguno, otorgándose en gran parte a "personas o empresas que por diferentes motivos estaban en el entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz". Las subvenciones, prosigue la juez, se convirtieron en "entregas dinerarias por mera liberalidad de la Administración, en detrimento del resto de la ciudadanía y de los intereses generales".

La instructora argumenta que en este sistema con "estructura piramidal" la arbitrariedad "fluye desde arriba, desde los instrumentos esenciales del gobierno de la Administración autonómica" y no se agota en el anteproyecto o proyecto de ley de presupuesto, sino que continúa con las modificaciones presupuestarias.

En la exposición razonada, Alaya introduce una de sus últimas decisiones en la macrocausa, la de extender la investigación a todas las empresas públicas de la Junta por el uso de las transferencias de financiación, a pesar de que estos hechos ya son investigados por otro juzgado. Alaya señala que en la memoria de la Intervención recogía que tanto la agencia Idea como la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la empresa pública de Gestión de Programas Culturas y otras como DAP, Extenda, Egmasa y Turasa "presentaban irregularidades en la contabilización de las transferencias que afectaban a resultados o a la clasificación de su activo y pasivo".

Por último, Alaya vuelve a justificar en la exposición razonada su negativa a dividir la causa en piezas separadas para su enjuiciamiento, como ordenó el Supremo, al alertar de un "caos procesal" por las posibles sentencias contradictorias que podrían darse, lo que le lleva a preguntarse si "la existencia de múltiples imputados es razón suficiente para evitar una adecuada investigación de hechos tan complejos en distintos órganos jurisdiccionales, en los que malo es si coinciden en el tiempo y peor aún si no coinciden".

Dividir aún más la causa provocaría, según Alaya, "la pérdida del enlace objetivo de los hechos y un absurdo procesal que se arrastraría durante años", además de cuestionarse si no se crearía un "precedente peligroso".