No hay tiempo. Éste es el argumento que ayer defendió el consejero de Educación, Luciano Alonso, para no aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en los instituto el próximo curso, como fija el calendario del Gobierno central. La tardanza del Ministerio de Educación en publicar las normas básicas para la ESO y el Bachillerato -no se han aprobado hasta final de año- vuelve a poner contra las cuerdas a las comunidades autónomas, que se ven en idéntica tesitura a la del año pasado, cuando algunas regiones -como Andalucía- optaron por establecer medidas transitorias para el desarrollo de la reforma educativa. Por tal motivo, Alonso pide al Ejecutivo central demorar la aplicación de la Lomce en las enseñanzas medias hasta septiembre de 2016, fecha para la cual podría haber un partido de signo político distinto en el Gobierno de España.

Demorar un año la entrada en vigor de la Lomce en la ESO y el Bachillerato. Éste es el propósito que persigue la Consejería de Educación andaluza junto con las de otras tres autonomías: Asturias, Canarias y Cataluña (en ninguna gobierna el PP). Así lo hicieron saber ayer en el encuentro que mantuvieron en Madrid para valorar la aplicación de la polémica reforma estatal. Los titulares de Educación de las cuatro comunidades coinciden en que no hay tiempo para aprobar la normativa autonómica necesaria para desarrollar la Lomce en los centros de enseñanza secundaria el próximo curso. Aseguran que en los próximos nueve meses no existe margen para la elaboración de un decreto aún más complicado que el de Primaria, al cual dará luz verde la Junta las próximas semanas.

La situación no es nueva. Ya se ha vivido este año, cuando el ministerio que dirige José Ignacio Wert aprobó en los últimos meses del curso pasado la normativa básica para el ciclo que comprende entre los 6 y 12 años del niño. Esta demora obligó a la Junta a descartar un desarrollo pleno de la Lomce en los colegios, tardanza que, en cierta medida, ha servido de excusa a la Consejería de Educación para que la reforma - a la que siempre se ha opuesto- tenga en los centros educativos andaluces unos "efectos mínimos". De hecho, durante el presente curso sólo se han producido cambios apenas perceptibles: Religión pasa a ser puntuable (al igual que su alternativa Valores Cívicos) y se divide en dos asignaturas (Ciencias Sociales y Naturales) la antigua Conocimiento del Medio.

La Junta, por tanto, aplica este curso la Lomce en Primaria dentro del mínimo margen legal. Todo indica que a partir de septiembre hará lo mismo en los institutos. A no ser que el Gobierno le otorgue el curso de prórroga solicitado, algo que parece a priori bastante difícil. Alonso, durante la intervención de ayer, explicó que hace falta un mes para estudiar la normativa estatal, diseñar los itinerarios de ambas enseñanzas y definir los contenidos de las materias. Otro mes es necesario para elaborar los currículos de las 49 áreas diferentes y otro para que un primer borrador sea "debatido y consensuado" por los distintos agentes de la comunidad educativa. A partir de ahí comenzaría la tramitación para la aprobación del decreto autonómico, al que hay que sumar siete meses más para que los centros educativos adapten sus planes de estudios. "Esta norma afecta a la planificación educativa, a las plantillas y a la organización y funcionamientos de los centros", incide el consejero de Educación, quien añade que a esta falta de tiempo se une el plazo de escolarización, que comienza en Andalucía el 1 de marzo, fecha para la cual cada instituto ha de tener establecida una oferta educativa.

Un margen de tiempo con el que, según la Junta, ya no se cuenta, pues la norma estatal para la aplicación de la Lomce en los institutos se ha aprobado en el último consejo de ministros del año, celebrado la semana pasada, por lo que la Consejería de Educación entiende que es imposible que para septiembre se tenga un decreto andaluz que desarrolle la Lomce en los institutos.

El consejero de Educación criticó que el último trámite para aprobar la normativa básica se haya realizado en Navidad, lo que a su juicio responde a una estrategia para "silenciar" el "malestar" y el "desacuerdo" con la reforma. La petición de prorrogar la aplicación hasta 2016 supondría que no entre en vigor en Secundaria hasta una nueva legislatura, en la que -como ya ha advertido la oposición- de gobernar otro partido distinto al PP se derogará, por lo que la Lomce no llegaría a los institutos andaluces.