El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, ha mantenido el proceso de embargo a 14 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex consejeros de Innovación y Economía Martín Soler y José de Haro Bailón, respectivamente, y miembros del consejo rector de la agencia Idea, al rechazar los recursos que estos presentaron contra la decisión de que designen bienes de su propiedad para ser embargados como consecuencia de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos.

La secretaria judicial de refuerzo ha dictado un decreto en el que rechaza los recursos presentados por los 14 ex altos cargos que, entre otros motivos habían alegado que el inicio del embargo se acordó sin haber sido resuelta una aclaración que se solicitó del auto en el que Alaya fijó las fianzas, pero en este punto la secretaria señala que aunque ese auto puede ser recurrido no hay efectos suspensivos porque se haya solicitado una aclaración, por lo que la tramitación debe continuar.

La secretaria también ha rechazado el argumento de las defensas respecto a la falta de competencia del juzgado para adoptar las medidas cautelares reales cuando se ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo, aspecto que también rechaza porque el Alto Tribunal ordenó al juzgado de Instrucción que continuara la investigación y tramitación de la causa.

En septiembre pasado, Alaya fijó fianzas para 24 ex altos cargos, de las cuales la mayor caución es la que se impuso al ex consejero de Innovación Martín Soler, por importe de cuatro millones, mientras que al ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, con 2,8 millones y al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, 2,5 millones.

Al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, se le fijó una fianza civil de 152.950 euros; a Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, otros 212.800 euros; y al ex viceconsejero de Economía José de Haro Bailón se le estableció una fianza de 1,9 millones.

En cuanto a la fianza al ex consejero de Innovación Martín Soler, Alaya destacó la "expresa vulneración" del contenido del artículo 38 de la ley general de la Hacienda Pública andaluza que determina que "los créditos presupuestarios son limitativos y vinculantes, pues autorizó el abono de una subvención de 450.000 euros a la entidad Abantia Ticsa" concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación.