Isabel Pantoja tiene hasta el domingo para ingresar voluntariamente en prisión. En caso contrario, la Audiencia de Málaga ordenará la semana que viene su busca y captura. Éste es el panorama al que se enfrenta la artista después de que la Sección Segunda de Málaga desestimara ayer el recurso de súplica que interpuso en un intento a la desesperada por conseguir la suspensión de la condena.

El tribunal que preside el magistrado Federico Morales dictó ayer por la mañana un auto en el que acordó un plazo de tres días naturales para que Isabel Pantoja acuda a cualquier centro penitenciario para comenzar a cumplir dos años de cárcel por blanqueo de capitales. El auto, del que es ponente la magistrada Carmen Soriano, está previsto que se notifique esta misma mañana al procurador, según han apuntado fuentes judiciales. A partir de ahí comenzará a correr el plazo de 72 horas que expirará el domingo.

El abogado de la condenada, José Ángel Galán, ha subrayado la intención de la cantante de entrar voluntariamente en la cárcel. Dónde o cuándo es una incógnita que se ha ocupado de no despejar. También ha asegurado que Pantoja no solicitará el indulto al Gobierno.

El tribunal ha desestimado el recurso de la artista y ha ratificado el auto que dictó el 3 de noviembre en el que  hacía ver que la corrupción política de la que ha sido partícipe Pantoja es "uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática". El tribunal argumentaba que las condenas tienen una doble función preventiva: negativa, en el sentido de que "intimida a todos aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados" por conductas como la de la tonadillera, y positiva, dirigida a los ciudadanos "para que interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética y estricta legalidad".

Estos cimientos son los que sostienen que no se decrete la suspensión de la condena, pese a no superar los dos años de prisión y carecer la tonadillera de antecedentes penales.

La defensa de la acusada presentó un recurso contra este auto que es el que rechaza ahora el tribunal bajo el argumento de que no aporta ninguna alegación nueva. Este criterio coincide con el expresado previamente por la Fiscalía Anticorrupción que se ha opuesto a las sucesivas peticiones de la artista para que se suspenda su entrada en prisión.

Pantoja fue condenada en abril de 2013 por un delito de blanqueo de capitales a dos años de cárcel y multa de 1,1 millones. El tribunal estimó que la cantante puso sus cuentas y sus empresas a disposición de Julián Muñoz durante el periodo en el que ambos eran pareja y él era alcalde de Marbella, con el objetivo de dar salida a dinero negro.

La sentencia subrayaba que "ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias" que, fundamentalmente, consistía en mezclar los ingresos ilegales que tenían origen en oscuros trapicheos municipales con los procedentes de las galas y la facturación de las sociedades de Isabel Pantoja. Esos fondos legales e ilegales "amalgamados" los invertían después en bienes y sociedades.

El sistema desplegado por Muñoz y Pantoja había sido utilizado previamente por el ex alcalde del GIL y su esposa Mayte Zaldívar, ya en prisión también por blanqueo de capitales.

La Audiencia ponía de manifiesto cómo las entradas de dinero en las cuentas y empresas de Isabel Pantoja sufrieron un cambio sustancial a partir de 2003: mientras en los seis años que separan 1996 y 2002 ingresó en metálico 272.000 euros, entre 2003 y 2006 aportó 1,3 millones en efectivo. La sentencia explicaba que Pantoja al unirse a Muñoz modificó su "comportamiento" y alteró su "normalidad financiera y contable".

Según el tribunal Muñoz disponía de una "notable" cantidad de dinero en efectivo que en parte se quedó su ex mujer al separarse, pero otra parte se lo llevó él y lo empleó con Pantoja "en la adquisición de bienes inmuebles e inversiones empresariales". La primera operación inmobiliaria fue la compra en febrero de 2003 de un apartamento en el hotel Guadalpín por importe de 353.000 euros.

Apenas un año después la pareja formalizó la adquisición del chalé Mi Gitana, valorado en 3,3 millones de euros. La operación se afrontó mediante un crédito hipotecario que la sentencia considera un mero "mecanismo" de blanqueo de capitales.