La juez Mercedes Alaya, que investiga la tercera fase de la operación Madeja, ordenó el ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza de 90.000 euros y 100.000 euros, respectivamente de Antonio Rodríguez Jurado, gerente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Sevilla, y de Carlos Podio Lora, jefe de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla, ambos detenidos en la operación Enredadera de la Guardia Civil que ha destapado una trama corrupta de pago de comisiones a funcionarios y responsables políticos.

Antonio Rodríguez Jurado, a quien Alaya atribuye haber cobrado supuestamente mordidas por importe de 428.535 euros entre los años 2002 y 2011, se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante la instructora, que le imputó de prevaricación, cohecho y asociación ilícita.

Alaya considera que el responsable de Adif, jubilado en 2011, cobró esas comisiones en efectivo, que procedían de la caja B de Fitonovo como "contraprestación por beneficiar" a Fitonovo en la adjudicación y ejecución de contratos, y añade que la contratista pagaba esos sobornos de forma periódico o mensual "a buena parte de los funcionarios públicos" imputados en esta operación. Como prueba de estos sobornos, la instructora señala que el imputado firmó los "recibos" de las entregas de estas cantidades junto al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, que también está en prisión provisional. En sólo un año, en 2005, Alaya considera que este directivo cobró 98.800 euros de Fitonovo.

La magistrada asegura que los pagos de la trama corrupta se habrían realizado desde 1995 y hasta 2013 –cuando se destapó el escándalo de la operación Madeja con la detención del ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño- y afectan a muchas áreas geográficas y distintas administraciones públicos. Alaya extrae la siguiente conclusión tras analizar el atestado de la Guardia Civil: “Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, han explicado fuentes de la investigación.

El ex gerente de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez habría contribuido, según la instructora, a facilitar el beneficio de esta habitual contratista en un largo periodo de tiempo a través de su intervención en la adjudicación de “contratos menores” y en la ejecución de los mismos. El ex responsable de Adif reconoció que se centraba en esos contratos menores y obras de reparación, y añadió que siempre contaba con seis o siete empresas "fidelizadas", es decir, con las que trabajaba asiduamente.

Alaya considera que, de acuerdo a la investigación de la UCO, los indicios contra este imputado son "extraordinariamente sólidos y consistentes", y ha decidido enviarle a prisión eludible con una fianza de 90.000 euros –la Fiscalía pidió 250.000 euros- por el riesgo de fuga, dado que tiene medios económicos suficientes.

Por su parte, el jefe de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, sí prestó declaración ante la magistrada, a la que negó haber recibido mordidas por un importe total de 111.000 euros entre los años 2001 y 2013. El funcionario ha recordado a la juez que la Diputación abrió una comisión interna de investigación que concluyo que no había ninguna irregularidad en los contratos adjudicados por su departamento y que éstos cumplían la normativa estatal.

Al término de su declaración, la juez acordó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, indicaron fuentes del caso.

Con Antonio Rodríguez y Carlos Podio son ya tres los imputados en la operación Enredadera que han sido encarcelados, después de que la noche del martes la magistrada enviase a la cárcel al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, al no poder reunir la fianza de 180.000 euros que la instructora le impuso tras atribuirle hasta cinco delitos relacionados con las nuevas revelaciones de la investigación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso a disposición de la juez Mercedes Alaya a cuatro detenidos en la operación Enredadera, que ha desmantelado una trama corrupta que pagó más de dos millones de euros en mordidas, regalos y viajes a cambio de la adjudicación de contratos públicos. El instituto armado considera que se realizaron pagos en efectivo y que también se abonaron viajes, como a Panamá y Detroit, y en otros casos la red realizó regalos como videocámaras. La primera mordida que habrían abonado se remontaría a 1997 y consistió presuntamente en un pago de casi un millón de pesetas a un funcionario de Renfe en Jaén.

Ante la juez también compareció este miércoles Jesús Torres, un trabajador de Fitonovo en Sevilla, quien sí prestó declaración y que quedó en libertad con cargos, según han informado fuentes del caso.

Los cuatro arrestados que fueron puestos a disposición de Alaya este miércoles por la tarde son el jefe de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Sevilla (Adif), Antonio Rodríguez Jurado, y dos empleados de Fitonovo en Sevilla y Granada, Jesús Torres y Alicia Alonso, respectivamente. Estos dos últimos quedaron en libertad con cargos.

La Guardia Civil aún no ha puesto a disposición judicial a otras seis personas que fueron detenidas en esta operación y que comparecerán probablemente este jueves ante la instructora.

Alaya también dejó en libertad con cargos a otro jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Elías Oliver, que compareció ante la instructora y a quien la Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 60.000 euros. Este imputado se acogió a su derecho constitucional a no declarar, como han hecho la mayoría de los imputados que han comparecido hasta ahora, al estimar que como la causa está secreta no han podido conocer los hechos por los que están imputados.

La juez Mercedes Alaya imputó a Elías Oliver tres delitos, en concreto de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, según han confirmado fuentes del caso.

Además de este ex jefe de Carreteras, que está jubilado desde hace varios años y ocupó el cargo con anterioridad a Carlos Podio, comparecieron otros dos imputados ante la juez, ambos trabajadores de la contratista Fitonovo.

Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso en las últimas horas en libertad a 22 de los 32 detenidos en la operación Enredadera, la tercera fase de la operación Madeja contra el cobro de mordidas en las adjudicaciones de contratos públicos.

Entre las personas que aún continúan arrestados se encuentran Antonio Miguel Ruiz Carmona, representante de IU en la comisión de Mercados Ambulantes y ex técnico del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en la etapa de Antonio Rodrigo Torrijos, y que fue destituido el pasado martes tras conocerse su arresto.

La Diputación de Sevilla también destituyó de forma fulminante al funcionario Carlos Podio y le abrió un expediente disciplinario, al tiempo que ha decidido personarse en esta causa judicial.

La juez Alaya ha destapado con la operación Enredadera una trama corrupta para el pago de mordidas que ascienden al menos a dos millones de euros, de los cuales un millón habría recibido supuestamente el directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch, mientras que el representante de IU habría percibido presuntamente 155.000 euros y el jefe de Carreteras de la Diputación de Sevilla otros 111.000 euros.