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Andalucía

El Ejecutivo eleva ya a 15,3 millones la reclamación a UGT por las facturas falsas

  • El sindicato recurre la reclamación y arremete contra la Junta, a la que acusa de abrir una "causa general de forma inquisitorial" con la única intención de "limpiar su imagen"

Ya son 15,3 millones los que el Gobierno autonómico reclama a UGT por subvenciones concedidas en las que la Consejería de Economía , Innovación, Ciencia y Empleo ha detectado presuntas irregularidades y falta de justificación. Es el llamado caso de las facturas falsas, por el que el departamento que dirige José Sánchez Maldonado inició un proceso de revisión de los expedientes de esas ayudas.

El consejero precisó ayer en una comparecencia parlamentaria que los expedientes de ayudas analizados y por los que se ha abierto expediente de reintegro tienen "irregularidades administrativas de justificación y con cantidades que no estaban bien justificadas". "Hemos trabajado con todo el rigor del mundo, y lo haremos ante cualquier irregularidad", aseguró Sánchez Maldonado. Los expedientes han sido tramitados en tres ámbitos: Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de Seguridad y Salud Laboral y Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El sindicato reaccionó indignado. UGT-A, que ha presentado recursos por vía contencioso-administrativa en los juzgados de Sevilla en los que solicita suspender la ejecución de las seis resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento por la Junta, acusó a ésta de "actuar de forma inquisitorial" al "emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen".

"¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía o busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", se preguntó UGT-A en un comunicado difundido ayer a los medios. El sindicato recordó que "desarrolló y llevó a término todos y cada uno de los expedientes investigados, presentó todas y cada una de las justificaciones necesarias ante la Administración y la Junta no solo las aceptó y las revisó, sino que también las dio por buenas y por tanto las validó". Ahora, a juicio del sindicato, la Junta, como una "nueva Inquisición española", intenta "quemar en la hoguera a la UGT de Andalucía con tal de salvar su imagen".

En el Parlamento, Sánchez Maldonado hizo hincapié en que estos expedientes se han abierto "con el único objetivo de ejercitar fielmente el control del uso de subvenciones". El consejero también resaltó el "esfuerzo y dedicación" de los diferentes funcionarios en este proceso "por sacar adelante en tiempo y forma expedientes que muchas veces no son fáciles".

En su comparecencia, el titular de Economía rechazó que se haya abierto "causa general". "No hacemos causa general, sino particular y cumpliendo las normas del Derecho, a raíz de la alarma social detectada, e iniciado el procedimiento con los plazos que respetan los derechos de los administrados", explicó el consejero, que indicó que en esta investigación administrativa "los servicios jurídicos nos han marcado en cada momento lo que había que hacer". Sánchez Maldonado respetó la decisión de UGT-A de presentar recursos, puesto que "ellos tienen pleno derecho de ejercer su procedimiento y recurrir ante el contencioso administrativo".

Por su parte, el PP-A mostró su desconfianza. A su juicio, la reclamación de los 15,3 millones se trata de un "truco" porque la mayoría de esas peticiones de devolución se anularán en vía judicial si se tienen en cuenta "los antecedentes que ha habido con los ERE".

La portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, explicó que "cualquier entidad a la que la administración una cantidad millonaria automáticamente va al juzgado a impugnar" y preguntó al Ejecutivo "cuánto se va a recuperar realmente", porque "todas esas reclamaciones terminan en vía judicial y las ganan" como ha ocurrido en los ERE, donde "le han ido dando la razón incluso a intrusos por fallos en la tramitación administrativa".

La diputada popular reclamó a Sánchez Maldonado que diga cuántas reclamaciones judiciales se han presentado ya y denunció que se intente "engañar" a los andaluces diciendo que eso se recuperará. Ruiz Sillero emplazó a la Junta a ser "muy escrupulosa" a la hora de cumplir con el procedimiento administrativo para que no haya ningún fallo y se pueda "recuperar hasta el último euro".

La parlamentaria recordó que en el presupuesto de 2014 no había previsión de reintegro de cantidades defraudadas, por lo que sospecha que en el del próximo año tampoco se va a incluir, ya que "aunque el Gobierno no lo dice, es muy difícil de recuperar".

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