El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, anunció ayer la inversión por parte de la Junta de Andalucía de 150 millones de euros en una primera fase, destinados a la compra de suelo privado para las construcción de viviendas protegidas (VPO). Esta oferta de suelo público estaría enmarcada en la propuesta anunciada por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de invertir 300 millones de euros en octubre para la adquisición de solares privados, y sobre la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se pronunció desvinculando la medida de la crisis, para que no se considerara como ayuda encubierta a las constructoras.

Según Espadas, esta iniciativa permitirá la adquisición de suelo para un volumen que "puede estar en torno a las 10.000 viviendas adicionales" en los 30 municipios donde existe una mayor demanda de viviendas protegidas. Además de reactivar el sector de la construcción "inyectaremos liquidez al mercado en un momento en el que lo necesita", cumpliendo a su vez con los objetivos de construcción de VPO que establece el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

"Se trata de hacernos cargo de suelo en el que están previstos desarrollos urbanísticos y que por las circunstancias económicas, esas viviendas se van a ralentizar o se va a posponer", explicó el consejero, que adelantó que la adquisición de estos paquetes de suelo correrán a cargo de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).

Espadas reveló estos datos después de mantener una reunión con 69 ayuntamientos andaluces, a los que instó a agilizar la adaptación de sus planeamientos a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esto permitiría acortar los plazos a tres o cuatro meses con el fin de disponer de suelo en el menor tiempo posible para la construcción de viviendas protegidas. Estos cerca de 70 consistorios -de capitales de provincia y municipios de más de 50 mil habitantes-, suponen el 65% de la población andaluza, siendo los lugares donde se concentran las mayores peticiones de viviendas protegidas. Las provincias de Sevilla y Málaga son las que acaparan una mayor demanda, con 76.000 y 65.000 solicitantes respectivamente.

El plan de choque presentado por el consejero para agilizar la tramitación de estos planeamientos incluye dos medidas: la "contratación de equipos técnicos" por provincia que asesoren a los distintos consistorios, y la aplicación de órdenes que incidan en la "colaboración entre la consejería y la administración local".

Una de estas órdenes prevé ayudas de financiación que ascienden a los siete millones de euros, y que tendrá una vigencia de tres años, renovando y ampliando las subvenciones que se vienen concediendo en este ámbito. La segunda pretende simplificar los procedimientos para la calificación de vivienda protegida, para "garantizar que este proceso no se prologue más allá de los tres meses estipulados".

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