Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte, dio ayer marcha atrás en su compromiso expresado ante el Parlamento hace un mes de publicar la identidad de las entidades que tienen expedientes firmes de reintegro por cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. La Administración andaluza está revisando de oficio la realización de estos cursos tras el escándalo por los cursos impartidos por UGT y por empresas vinculadas al ex consejero Ángel Ojeda, que están siendo investigados por la Justicia. La revisión administrativa de Educación alcanza a 8.505 expedientes pendientes aún sin justificar desde 2007 y, según la actualización de datos ofrecida por Alonso en comisión parlamentaria, la cantidad de reintegros solicitados asciende a 640 expedientes, 59 más que hace un mes, y suman 1,9 millones a los 17 millones ya reclamados.

Alonso justificó la negativa a publicar el listado de afectados por reintegros en las comunicaciones de empresas de cursos de formación advirtiendo del perjuicio que les llevaría en su imagen o en una carta del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), pero la más llamativa fue un informe de los servicios jurídicos que desaconseja esta opción por la posible vulneración de la protección de datos. El Gobierno de Díaz lleva a gala sin embargo el ejercicio de transparencia realizado con la publicación de las 2.550 entidades públicas y privadas exceptuadas de la justificación de cursos de empleo en distintas resoluciones hasta 2012.

La diputada del PP, Teresa Ruiz Sillero, calificó de "estafa" este argumentario y acusó al consejero y a la presidenta Susana Díaz de "mentir". La diputada popular entendió que las entidades privadas puedan estar afectadas por la protección de datos, pero no así las entidades públicas, los sindicatos o las dependientes de la Administración andaluza, y se refirió a la extinta Faffe. Ruiz Sillero preguntó a IU si éste no es motivo suficiente para aprobar una comisión de investigación.

El socio de Gobierno, que ahora subestima este instrumento y alardea de haber empujado a Alonso a comparecer con más frecuencia en el Parlamento, también rechazó que se mantenga en el anonimato a estas entidades. El diputado Ignacio García consideró que "una vez existe una resolución firme de reintegro, no hay protección de datos". "No se puede decir que de esto no se va a saber nada porque no es aceptable ni como parlamentarios, ni como ciudadanos", añadió.

Alonso tenía en su réplica una respuesta preparada: los diputados podrán consultar estos listados y "serán responsables jurídicamente si a continuación se hacen públicos", advirtió.

La comparecencia de Alonso dejó otra novedad en el anuncio de que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes la orden por la que la Junta de Andalucía disuelve su participación en los consorcios escuela. En el nuevo modelo éstos dejarán de depender de una subvención anual.

Alonso también informó de que un interventor específico dependiente de la Intervención General se incorporó el miércoles a la revisión de los cursos de formación, como solicitaron los grupos políticos, y que las causas en las que ha solicitado personarse la Junta en la investigación judicial ascienden de seis a once. La revisión de los más de 8.000 expedientes se encuentra al 60,5% con 5.153 expedientes en tramitación, aunque Alonso eludió dar una fecha de finalización de los trabajos, que la última vez estimó en septiembre de 2015.