Andalucía continúa volcada en el fomento de la investigación que ha situado a la comunidad en los primeros puestos de los ranking de I+D de España en áreas como la sanitaria. Ahora el objetivo es seguir fomentando esa potencia investigadora en otros ámbitos. Así, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, anunció ayer en Granada que Andalucía contará con un Plan de Investigación en Servicios Sociales para los próximos cuatro años.

"Queremos investigar para garantizar el futuro, que es la I+D+i", dijo Sánchez al anunciar el plan, que se realizará en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, donde precisamente ayer se celebró la primera reunión del grupo de trabajo que pondrá en marcha el plan. Según la consejera, el objetivo es el "análisis de la situación actual para aunar criterios y favorecer la transferencia de conocimiento". Y es que se ha detectado que Andalucía cuenta con un importante número de investigadores en el ámbito de servicios sociales que hay que canalizar unificando criterios y líneas estratégicas para asegurar la innovación y la mejora de los servicios sociales junto al desarrollo profesional de todos los trabajadores del área. El plan, por tanto, además de favorecer la transferencia de conocimiento, llevará de la mano un impulso a la formación de los profesionales, como ya ocurre en el sistema sanitario público.

Con este plan, la Junta refuerza, junto con otras actuaciones, su compromiso de dedicar todo el esfuerzo posible a mantener el Estado de Bienestar. De hecho, Sánchez criticó duramente las decisiones del Gobierno central del PP y de Europa respecto a las políticas de austeridad y los recortes. Para la consejera, dos de las decisiones que más han perjudicado a los ciudadanos han sido el copago y el decreto de estabilidad presupuestaria, que tiene atadas a las autonomías. Con todo, Andalucía destina 8 de cada 10 euros de su presupuesto a garantizar derechos sociales. "Las políticas de austeridad están afectando a los pilares del Estado de Bienestar, que se nos van a caer", advirtió la consejera, que no se quedó en la crítica y dio compromisos asegurando que la Junta está "decidida a priorizar las políticas públicas" para "no dejar a nadie atrás. Para que nadie juegue en desventaja".

La máxima que defiende la Junta de Andalucía es que "las políticas públicas para garantizar el Estado del Bienestar no son un gasto, sino una inversión, que ayudan a conseguir mayores tasas de actividad y a crear riqueza", entre otras cuestiones.

En el objetivo de 'protección' del Gobierno de Susana Díaz está también, dentro del área de Igualdad y Servicios Sociales, la Ley de Dependencia. "Andalucía está haciendo un esfuerzo por mantener el sistema porque priorizamos la garantía de derechos, que no se recortan, se ejercen".

La preocupación de la Junta sobre la ley es tal que en la última reunión interterritorial la consejera pidió "devolver la ley al Congreso, al Pacto de Toledo para no dejarla morir, para ver lo que queda de ella y cómo puede asegurarse su sostenibilidad" porque una sociedad "no se puede permitir prescindir de ella". Por eso Andalucía "mantiene una posición de resistencia ante su desmantelamiento presupuestario" ya que la ley ha perdido más de 1.100 millones.

Con todo, Sánchez Rubio reafirmó ayer su compromiso de "ir incluyendo poco a poco" nuevos dependientes, fundamentalmente los moderados que "siguen esperando" al retrasarse hasta final de 2015 su entrada en el sistema. En Granada, hay casi 20.000 dependientes atendidos y este año se quiere incorporar a 2.500 más.

La consejera anunció que se ha llegado un acuerdo con la mesa del Tercer Sector para establecer un calendario de pagos. El próximo reto es garantizar ese acuerdo en los pagos a los trabajadores de la Ayuda a Domicilio, ayuntamientos y diputaciones.