Tras los ritos que vienen aparejados al sindicalismo -puño en alto y canto de la Internacional seguidos de sonoros abrazos una vez leídos el resultado de la votación del Comité extraordinario de UGT-A-, la secretaria general, Carmen Castilla, atendió a la prensa para trasladar su confianza en esta nueva etapa que presume que se empieza a abrir en la central que dirige. También quiso subrayar que después de la apertura del sumario de la causa judicial donde se investiga un posible fraude en subvenciones públicas por parte de UGT-A con facturas falsas, el balance que hace es "positivo" y que "algunos tendrán que demostrar que hubo enriquecimiento personal, algo que el sumario no dice".

Fiel a su línea de argumentación, Castilla mostró su "respeto" hacia los autos y actuaciones de la justicia y espera que "el ámbito judicial se trabaje con tranquilidad".

Sobre su relación con la Junta -que ha fluctuado en estos meses y se ha mantenido especialmente fría con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, empeñada en escenificar un distanciamiento con los casos de corrupción-, Castilla dijo que su sindicato trabaja "codo con codo con la Administración y con los juzgados", pero, advirtió "lo que no se puede es cambiar de criterio", dijo en relación a la revisión en los últimos meses está llevando a cabo la Consejería de Educación en relación con los miles de expedientes de cursos de formación subvencionados con dinero público y ahora bajo sospecha. Los principales beneficiarios de esos miles de expedientes habrían sido los sindicatos mayoritarios -UGT-A y CCOO-A- y la confederación de empresarios de Andalucía.

Sobre la investigación interna abierta por el propio sindicato para detectar posibles irregularidades, Castilla recordó que cuando se inició el procedimiento hubo registros y la Guardia Civil "clausuró" el archivo de UGT en Sevilla y el de Fudepa en Córdoba.