El caso Mercasevilla, la mordida de dos directivos del mercado público de Sevilla a un hostelero de la ciudad, está en el origen del caso de los ERE. Fue gracias a Mercasevilla por lo que se supo que algunos expedientes de ayudas concedidas a trabajadores afectados por los ERE incluía a intrusos, a parados que nunca pasaron por esa empresa y que estaban vinculados al PSOE o la Junta. La juez instructora, Mercedes Alaya, así como la Audiencia de Sevilla, que juzgó el caso, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostuvieron que el ex delegado de Empleo de Sevilla Antonio Rivas fue quien "ideó" la mordida para su beneficio. Se estableció, así, un vínculo entre un delito de dos empleados de una administración local con la Junta de Andalucía, y en concreto con la Consejería de Empleo. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó la sentencia contra Rivas, de 600.000 euros de multa y 21 meses de inhabilitación, al considerar que "la hipótesis fáctica" tenía "llamativas grietas". ¿Y eso? Pues que contra Rivas sólo hubo una declaración de uno de los imputados que no fue confirmada en sede judicial. La condena, explicó el Supremo, es de una "ostensible endeblez". El apoyo del ex consejero de Empleo Antonio Fernández a su delegado Antonio Rivas le costó la salida del Gobierno andaluz y, con el paso, la amistad con el ex presidente José Antonio Griñán.

Viera se aferra ahora a ese caso para tratar de explicar la endeblez de las acusaciones de Mercedes Alaya contra él. Ni la Audiencia ni el TSJA tuvieron el valor de contradecir la tesis de Alaya, aún a costa de caer en el ridículo. Viera sostiene que la Policía Judicial no ha aportado pruebas, que no ha encontrado ningún rastro de enriquecimiento personal y que su "círculo" en la Sierra Norte no es el de Sayago y Rosendo. Puede que la instrucción tenga graves agujeros, pero tan enormes como la incongruencia del relato de Viera, donde nadie parecía conocer a nadie, ni siquiera a sus directores generales.