El propietario de Formación Integral para el Empleo, José Sivianes Sánchez, aseguró a la juez que no ha cometido ninguno de los delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y falsedad documental que se le atribuyen, ya que, según su versión exculpatoria, era la Junta la que estipulaba el precio de los cursos, que eran examinados por un auditor externo, y por lo tanto no eran excesivos, según informaron fuentes del caso. "Yo no soy quien realmente pone el precio, lo pone la Administración y cuando lo pone es porque realmente ve que el precio es el adecuado", dijo Sivianes, que añadió que la Junta permitía la contratación del servicio externo docente hasta el 80% de la subvención y cuando le presentaban las facturas para justificar la ayuda "te dicen que no es un precio que esté fuera de mercado y exagerado, sino que lo admite".

En esas condiciones, alegó el empresario, optó por contratar un servicio externo porque eso le permitía no tener personal laboral a su cargo -con los "problemas" que según dice le ha dado a lo largo de su vida- , "cuando realmente la propia Administración es quien me está estipulando lo que tengo que pagar". El imputado insistió en que se ha pagado "lo que estipulaba la Junta, que te permite pagar hasta el 80% para el servicio docente y realmente si no se paga ese servicio, lógicamente tienes que devolver dinero", alegó.

Sivianes defendió las dos operaciones de ampliación de capital que la Agencia Tributaria sostiene que eran ficticias y a la que concurrieron los presuntos testaferros, que compraron participaciones y dos semanas después se las devolvieron, recibiendo a cambio pagarés a cuatro años vista. El propietario de la empresa de formación defendió que el motivo de las ampliaciones fue puramente económico, porque le hacía falta dinero para seguir impartiendo los cursos porque la Junta "no pagaba", "no ha pagado nunca realmente bien" y decía que "si no sigues dando la formación, tienes que devolver todo el dinero anterior que te han dado", es decir, el importe total de expediente.

La magistrada le preguntó como era posible que uno de los moduleros obtuviera más de 300.000 euros de ingresos en sólo diez meses, a lo que el imputado indicó que "el pago que tiene esta empresa es el que me permite a mi la Junta pagarle, si le pago por encima es porque la Junta así lo propicia". Sivianes señaló que ha tenido que poner su dinero porque la Junta no le pagaba y en la actualidad asegura que la Administración le adeuda 1,5 millones de distintas acciones formativas. "Se me atribuyen grandes cantidades, pero también me deben grandes cantidades".

En el interrogatorio, la juez le preguntó si se valió de algún asesoramiento o contactos dentro de la Junta para hacerse con las importantes ayudas que se le concedieron, de 5,6 millones en cuatro años. "Se realizaron unos proyectos formativos, que fueron bien valorados y por eso nos dieron las cuantías económicas", pero "no conocía a nadie ni tenía contactos" en el sector público.

Respecto a las personas que, según los investigadores de la Agencia Tributaria actuaban como presuntos testaferros para la cesión de los profesores, el imputado indicó que a algunos de ellos los conocía porque le habían llevado su curriculum vitae para dar clases, como es el caso de una licenciada en Químicas y otra había sido gerente de un gimnasio.