La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, eligió ayer Estepona, el último municipio salpicado por un caso de corrupción urbanística, para presentar la proposición no de ley por la que pedirán una modificación del Código Penal para que se endurezcan las plenas contra estos delitos. Según dijo la popular, "hay que tener mano dura con los que trincan. Tiene que haber penas graves para aquellos que cometan delitos, ya sean políticos o funcionarios, y de eso,también sabéis de unos cuantos".

Con estas palabras, aludía a la operación Astapa, por la que acabaron en prisión el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, dos concejales del PES y dos técnicos municipales, por la que fueron expulsados del PSOE por su imputación otros concejales -en libertad bajo fianza-, lista que se cierra con otros quince imputados.

Aparte de las penas, esta iniciativa del PP recoge la puesta en marcha de un acuerdo nacional sobre la vivienda y el suelo "en el que todos, tanto políticos como profesionales del sector inmobiliario y financiero, pongamos los medios para acabar con el fraude y la corrupción". También se solicitan más medios para que "la Fiscalía pueda perseguir, los jueces puedan condenar y la Agencia Tributaria pueda investigar",según Sáenz de Santamaría, que pidió que "lo que salga de los ayuntamientos porque lo trincan, vuelva a éstos para política social, asistencial y de vivienda".

El presidente del PP-A, Javier Arenas, insistió en la disolución del Ayuntamiento y convocar nuevas elecciones, pero dejó claro que su partido "no quiere ostentar la Alcaldía a través de esta Corporación municipal, si no que quiere hacerlo con los votos de los ciudadanos". Según dijo, "la no convocatoria de elecciones le pasó factura al PSOE en Marbella y lo hará en Estepona si mantiene un gobierno bajo sospecha como consecuencia de pactos inconfesables".