La Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, de Córdoba, reprochó ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que este monumento "nunca fue propiedad" de la Iglesia, en referencia a las palabras que pronunció el pasado martes en el Senado, donde calificó de "despropósito jurídico y económico" plantear la expropiación del edificio.

El colectivo consideró que ha sido el Obispado de Córdoba quien se ha apropiado de un "bien de incalculable valor, mediante una simple inmatriculación irregular por apenas 30 euros". Por ello, la plataforma pide la nulidad de esta inscripción, que según indica se efectuó "en base a dos artículos predemocráticos de la Ley Hipotecaria que equipara a la Iglesia con la Administración y a los diocesanos con fedatarios públicos, afectos de inconstitucionalidad sobrevenida por vulnerar el principio de aconfesionalidad del Estado".

Según la plataforma, prueba de ello es que "el propio ministro de Justicia reconoció la existencia de dicho privilegio eclesiástico, lo que ha forzado al Gobierno a derogar los dos artículos citados, aunque sin carácter retroactivo y concediendo un año más de carencia para que la Iglesia Católica pueda seguir registrando bienes por esta vía anómala".