Dicen algunas de las primeras familias que ocuparon hace dos años el edificio de Ibercaja de San Lázaro, en Sevilla, que la denominada Corrala Utopía fue ideada por la consejera Elena Cortés y su equipo de Izquierda Unida. Entre ellos no era ningún secreto y muchos, en contra de las versiones oficiales, aseguran que tanto la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, como la secretaria general del ramo, Amanda Meyer, han pisado y se han reunido con ellos en esos pisos. ¿Para qué? En resumen, dicen que para advertirles, en tono bastante categórico, que por separado no conseguirían nada y pedirles que no abandonasen la lucha ofreciendo tan sólo la promesa de que todo se arreglaría. ¿Cómo?

Muy pocos tenían clara la respuesta. Hasta el punto que al menos una decena de familias realmente necesitadas, parejas, separadas y madres solteras con hijos a su cargo, abandonaron la corrala al no ver salida alguna. La última fue hace poco más de dos meses. Abandonar siempre era un paso valiente, pues soponía enfrentarse a la cúpula acusados de romper la "gran familia", otro de los inventos de la organización, según denuncian ahora muchos de los que desertaron y tuvieron que negociar por su cuenta con el respaldo, a veces, del Ayuntamiento de Sevilla un alquiler social: algunos con Ibercaja, la propietaria del edificio, otros con diferentes entidades.

La corrala se vendió por más de medio mundo, desde Canadá a Japón, gracias a una elaboradísima política de comunicación. Entre los inquilinos de la corrala, aunque no pernoctaban en el edificio, había un par de periodistas que seleccionaban las historias para contar y se unían a una pequeña cúpula encabezada, entre otras, por Irma Blanco, una de las agraciadas que el viernes renunció públicamente a la llave del piso entregado tras admitir que no tenía necesidad, pues está contratada en el Ayuntamiento de Villaverde del Río (IU), y que su lucha fue realmente política y legítima.

Sólo basta con repasar los vídeos de la página web de la corrala donde cuentan quiénes son. Irma Blanco se presentaba como una joven treinteañera y trabajadora social que quería, como adulta que era, independizarse y dejar de vivir con su madre. Una aspiración respetable, pero que difícilmente justifica una patada en puerta ajena. Su lucha, no obstante, iba más allá de su mera situación personal, como la de María Yanes, que fue a la UE a contar la historia de la corrala y sus inquilinos, como Elena Contreras, peluquera en paro que se instaló allí con su pareja, machacada por la crisis económica, como otras muchas personas que han visto cómo perdían su puesto de trabajo y su techo, desahuciados en algunos casos por los bancos. El denominador común era también que habían acudido a las instituciones en busca de ayuda y soluciones y que nunca habían obtenido una respuesta. Y entre ellos había madres, jubilados enfermos y con hijos a su cargo y familias con todos los miembros en paro. También solteras sin cargas familiares, con trabajo y ganas de pelear por una sociedad más justa, según su argumentario. Y hasta algún padre con mucha conciencia social y casa dispuesto a luchar por un futuro piso para su hija, según cuentan. La corrala eran todos, pero no todos tenían la misma necesidad.

En los vídeos y reportajes llama la atención que, cada una con su estilo, hacen alusión a la Constitución, al artículo 47 y al derecho a una vivienda digna. Una de las lecciones aprendidas, pues entre las actividades de la corrala contemplaban grupos de trabajo y asambleas para decidir incluso las cuestiones más personales y mediar, por ejemplo, hasta en riñas de pareja, según cuentan antiguas inquilinas. Un control total, casi un adoctrinamiento, que empezó a desvirtuar pronto el espíritu de la corrala, presentado como un movimiento social.

Un grupo de vecinas, que hoy sí que siguen estando en riesgo de exclusión, explica que cuando llegaron a la corrala hace dos años era el 15-M quien organizaba la ocupación y decidía quién entraba. De hecho, una de las que han resistido, Aguasantas Quero, expone en un vídeo que fue un joven de este movimiento quien la vio llorando en la calle y la orientó para formar parte de la corrala. A esta corriente pertenece uno de sus primeros inquilinos, Primitivo Pérez, que en su día contó que había dejado un piso que había alquilado hacía poco por un año, por lo que tuvo que afrontar el pago de meses que no disfrutó en él, para instalarse con su pareja en la Utopía. Difícil de comprender. Este activista mantenía, al parecer, una relación familiar con la delegada Granada Santos, emparejada con un hermano del okupa.

No es casual que las protestas tuvieran lugar en las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, pues tampoco lo era que las reivindicaciones y las presiones de los últimos 24 meses se dirigieran siempre al alcalde y nunca a la Junta de Andalucía. El argumento esgrimido era que "no se puede morder la mano que te da de comer".

¿A quién? Uno de los lemas de la corrala era la revolución de la hierbabuena. En otras palabras, el fomento de la convivencia y la solidaridad entre iguales como fórmula para sobrevivir. Pero esta generosidad era sólo de cara a la galería, según la denuncia de algunas inquilinas, que recuerdan incluso episodios violentos contra okupas que se negaban a seguir las directrices marcadas por la cúpula. Y que, también ahora, se preguntan dónde está el dinero recaudado en festivales y actos varios, también donaciones.

Por estas sospechas también muchos dejaron la resistencia y se fueron. Del núcleo inicial de inquilinos sólo quedaban ocho familias, entre ellas algunas de las cabecillas que no estaban en el edificio en el momento del desalojo. De ellas, según la Junta de Andalucía, sólo tres reunirían los requisitos para obtener un piso, al tener hijos a su cargo. Unos niños que, por cierto, algunas familias denuncian que han sido utilizados para "dar pena". Otros son pensionistas con dos pagas de unos 700 euros y familias que ingresan más de 1.300 euros al mes. Sólo esta situación económica explica para algunos que pudieran pagar hasta 20 euros diarios en combustible para los generadores de electricidad, agua y butano. O que alguno disfrutara de 15 días de vacaciones y viajes al extranjero. Mercedes Lladonosa, una de las primeras en salir del bloque, se pregunta aún cómo algunos no vendieron como ella su televisión de plasma si tan mal estaban y se muerde la lengua para no desvelar los vicios que, según ella, tenían algunos de sus antiguos vecinos. Lladonosa, que salió gracias a que su hija logró una vivienda social, se sigue preguntando qué tenía que ver con la lucha de familias necesitadas que como ella se metieron en la corrala pancartas alusivas a Chávez y Caracas.

Muchos de los que han pasado por la Utopía ni entienden ni quieren entender de política, pero, sin quererlo, se vieron envueltos en un movimiento que veían radical y, sobre todo, engañados porque nadie les explicó cuál era la auténtica lucha. Después de meses de sometimiento, recogieron los bártulos y se enfrentaron a las amenazas de quienes se proclamaban en la corrala defensores de la libertad de expresión. La Utopía abrió las puertas a otros inquilinos en los últimos meses. Las nuevas entradas se votaban en asamblea y se cerró las puertas a familias con niños, según denuncian, porque al final de la lucha hacía falta otro perfil de activista dispuesto a gritar con fuerza. Algunos que recogieron llaves sólo llevaban tres meses en la corrala y otros ni siquiera estaban allí cuando se produjo el desalojo, pues acudían allí sólo para reunirse con amigos y organizar actos.

El desenlace indigna a muchos, sobre todo, a los que lucharon con firmeza y pusieron en marcha una corrala que ya no reconocen. Hoy reclaman que se revisen bien los expedientes y algunos amagan ya con otra ocupación, esta vez en pisos de la Junta de Andalucía. Dicen que ya saben cuál es el camino.