Quizás la peor de las conclusiones que pueda extraerse de lo sucedido ayer en el Parlamento andaluz es que, en efectivo y tal como pensaban los más agoreros, las comisiones de investigación no sirvan para nada, porque cada partido traslada hasta estos organismos sus propios intereses y los antepone ante cualquier tipo de evidencia que sea contraria a unos objetivos previamente marcados. Después de casi seis meses de trabajo y de una treintena de comparecencias, entre ellas la del presidente de la Junta, el Parlamento andaluz votó en contra del dictamen de la comisión de investigación de los ERE. Sólo el grupo socialista votó a favor, mientras PP e IU se posicionaron en contra, con lo que la resolución final se rechazó por 61 sufragios contra 47. Es decir: el Parlamento andaluz carece de una posición política sobre este caso de ayudas concedidas a trabajadores afectados por ERE y a empresas desde 2001 a 2010, por lo que la única verdad se encontrará en los tribunales cuando fallen sobre un asunto que aún sigue en periodo de instrucción.

El presidente de la comisión, Ignacio García, de IU, explicó en la presentación del dictamen que éste provenía de su propuesta de síntesis, aunque "mutilada", ya que los votos conjuntos del PP y del PSOE habían eliminado el 20% del texto y el 60% de las conclusiones. García argumentó que había confeccionado su conclusión con el criterio aprobado por los miembros de la comisión, que era el de dar por seguro un hecho o una valoración cuando, al menos, dos grupos coincidiera en ello. Pero esto no valió. El PSOE no admitió muchas de las valoraciones políticas escritas por Ignacio García ni la responsabilidad de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, mientras que el PP se sumó a los socialistas al entender que nada era válido si no se admitía el señalamiento del presidente de la Junta, que durante el periodo investigado era consejero de Hacienda. Conclusión: que ni Ignacio García ni IU se sentían responsables del dictamen que ayer llegó al Parlamento; votó en contra, como el PP, y el PSOE se quedó solo.

Ignacio García aseguró que el resultado supone "una decepción para el pueblo andaluz que estamos obligados a reparar de algún modo", mientras que el portavoz de IU, José Antonio Castro, mantuvo que "el mandato del Parlamento se perdió en los pasillos partidistas, y en el tactismo de PSOE y PP". "Esto ya no se arregla ni pidiendo perdón por televisión", sentenció Castro, que indicó que IU había intentado buscar una solución media entre las posiciones máxima del PP y mínima del PSOE, que sólo considera responsable político del caso al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, centró su intervención en solicitar la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. "El presidente de la Junta cebó sin descanso la partida" fraudulenta. Así comenzó Rojas su parlamento, aludiendo a una carta del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, una aseveración, no obstante, posterior a su declaración en la comisión de investigación donde no acusó de estos hechos a Griñán. La opinión del PP es que los informes de auditoría que realizó el interventor fueron enviados, además de a la institución afectada, que era IDEA, de la Consejería de Innovación a las de Empleo y Hacienda, dirigida entonces por Griñán. Tales informes alertaban de irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Empleo, aunque no apreció un riesgo de menoscabo de fondos públicos. Tanto el dictamen de la comisión como la propuesta de síntesis sí consideró que el interventor debió elevar un informe de actuación, lo que hubiera obligado al Gobierno y a la Consejería de Hacienda a actuar.

Rojas solicitó en más de cinco ocasiones la dimisión del presidente, y acusó a IU de cambiar de opinión ahora que gobierna con el PSOE, aunque, en realidad, lo vivido durante estos días parece más un desencuentro a tres bandas que un realineamiento de los que hoy son socios. Es cierto que el hoy vicepresidente Diego Valderas solicitó, cuando estaba en la oposición, la dimisión de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, porque ella declaró que no le entregó los informes del interventor a Griñán cuando era la segunda en el escalafón de la consejería de Hacienda. Antonia Moro, del PSOE, basó el voto positivo de su grupo al dictamen en que estaba legitimado por el Parlamento.

Y en eso se quedó todo: 17 años después de la última comisión de investigación del Parlamento, ésta, al menos, sólo ha servido para certificar su inutilidad.