La primera causa del conflicto de la financiación autonómica es el régimen fiscal privilegiado que disfrutan el País Vasco y Navarra. El sistema vasco permite a sus diputaciones forales recaudar los impuestos y liquidar al Estado un tanto alzado, el cupo, que en la última negociación se ha puesto en 1.500 millones de euros al año. Hasta ahora era de 1.300 millones. Esta cantidad compensa los servicios que el Estado proporciona a esa comunidad autónoma, por ejemplo en representación diplomática, comercio exterior, Ejército o las fuerzas de seguridad. El saldo fiscal vasco, la diferencia entre el valor de los servicios que recibe y su aportación al erario público nacional, es positivo en alguna de las balanzas fiscales más solventes que se conocen, como la publicada por el BBVA en noviembre: recibe más de lo que da. Esta discriminación ha irritado profundamente a las regiones con saldo fiscal más negativo, como Cataluña. En 2006, el presidente catalán Maragall, estuvo en Bilbao invitado por el Círculo de Empresarios Vascos y le dijo a sus anfitriones que "no contribuían a la solidaridad nacional". No gustó.

El PSC-PSOE propugnó en su programa de las últimas elecciones un sistema de cupo para Cataluña como el vasco. El manifiesto electoral del PSC reclamaba un sistema de financiación que consiga "la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto en El País Vasco". Es decir, lo que están pidiendo el presidente Montilla y el consejero Economía Antoni Castells, no es nuevo, ni una sorpresa. El tripartito de Maragall lanzó hace cuatro años la propuesta de reforma de su Estatut sobre la base de dos premisas: nación y financiación. Entonces el Govern inventarió en 20.000 millones de euros su déficit fiscal con España. Es decir, la diferencia entre su contribución y los retornos que le enviaba el Estado. Y se propuso rebajar la cantidad en 6.000 millones; un cheque de un billón de pesetas. Casi el doble de la media del cheque británico en la UE entre 1984 y 2004.

Castells lleva desde las elecciones de marzo reclamando una negociación bilateral con el Gobierno para acordar el nuevo sistema de financiación catalán antes del 9 de agosto, en virtud del artículo 210 del nuevo Estatut. Por el contrario, algunos notables dirigentes socialistas, como Manuel Chaves, presidente del PSOE, sostienen que la nueva financiación debe negociarse de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas y no debe basarse en las balanzas fiscales. Otros, como el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, ya retirado, son menos diplomáticos: "Este asunto resulta mentiroso e insolidario, porque entre los contribuyentes no está doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni la señorita Andalucía. Los territorios no pagan a Hacienda. Pagan los ciudadanos y pagan más los que más tienen. ¿Por qué se atiende al señor Castells, que dice ser socialista, cuando plantea su impúdica y antisocialista cantinela de la balanza fiscal?".

Este tipo de balances presupuestarios son poco transparentes. Hay no menos de veinte fórmulas para calcular una balanza fiscal, que arrojan resultados dispares. El vicepresidente Solbes encargó en la pasada legislatura a un comité de expertos establecer un método objetivo de cálculo. Esos expertos no han incluido los fondos europeos ni las cuentas de la Seguridad Social en sus criterios contables.

Tampoco lo hicieron los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel en las últimas balanzas fiscales conocidas, con la media desde 1991 a 2005, publicadas por el BBVA. En ese estudio, Madrid es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo, -12.304 millones de euros. Le siguen Cataluña, con -6.934 millones, Baleares (-770 millones) y la Comunidad Valenciana (-228 millones). Destaca la anomalía del País Vasco y Navarra, regiones ricas con balanzas fiscales positivas de 1.653 millones y 315,5 millones. Con saldo positivo, destaca en términos absolutos Andalucía, con +10.237 millones de euros; seguida de Galicia (3.849 millones), Castilla León (3.535 millones), Castilla La Mancha (2.633 millones), Canarias (2.556 millones) y Extremadura (2.523 millones). Si se hace el cálculo per capita, están en cabeza Melilla, Ceuta, Extremadura y Asturias.

Este es el punto de partida. Aunque ahora lo niegue, Montilla quiere un cupo como el vasco.