En el traspaso de poderes en la Consejería de Vivienda se dio una situación como la que se relata: en una delegación provincial, el nuevo alto cargo de IU avisó a su interlocutora, del PSOE: "Mientras tú y yo estamos hablando, hemos echado a dos familias".

El foco de los desahucios se ha centrado en la actividad de las entidades financieras por el impago de las hipotecas, pero también administraciones públicas como la Junta de Andalucía disponen de un gran parque público de vivienda. ¿Qué sucede cuando estas familias, que ya tienen una situación económica comprometida de por sí, no pagan?

Según ha podido conocer esta redacción, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha dado orden a las delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) de que paralicen todas las ejecuciones de desahucios administrativos. IU eligió la Consejería de Fomento y Vivienda y marcó en trazos gruesos la palabra desahucio como eje prioritario de sus políticas sociales. En España se ejecutan casi 30 a la semana, según los datos de los que disponen las asociaciones nacidas al albur de este creciente drama social.

La consejera conoce de primera mano la situación de barrios cordobeses con un gran parque público de viviendas sociales como Palmeras y Moreras, donde en los últimos años se han abierto cientos de expedientes administrativos.

La Consejería quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa. No sería coherente que al tiempo que se hace de la lucha contra el desahucio el principal pilar de la política de la Consejería, más aún con la falta de dinero para realizar inversiones en obra pública, se expulsen familias de viviendas sociales. "Hemos dicho que éste no es el camino; hay que buscar alternativas como sea", detalla Amanda Meyer, recién nombrada directora general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

No se ejecutarán unos expedientes que en los últimos meses pueblan el BOJA casi cada día y eso que sólo aparecen las notificaciones que no han podido ser trasladadas a las partes. Sin embargo, la preocupación del alto cargo de IU recién llegado a la Consejería puede verse atemperado con los datos de los que se disponen.

No se ofrece información desde EPSA de cuántos expedientes hay en curso, pero sí de cuántos desahucios administrativos se han llevado a cabo: sólo 16 desde 2008, a pesar del volumen del parque público que gestiona.

Según los datos aportados por la propia Administración andaluza, se trata de un número muy residual si se tiene en cuenta el volumen del parque público.

La Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas.

Las cuantías de los alquileres oscilan entre los 25 y los 60 euros mensuales. Según las mismas fuentes, en todos los casos de desahucio público se constató que la morosidad de estas personas no tenía causas objetivas y justificadas.

La Junta añade que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo. Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a realizar el pago cuando mejore su situación económica.

Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el mercado libre).

La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla, en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda. Los ingresos que recauda la Junta se destinan a tareas de rehabilitación y a otras de carácter social como la eliminación de la infravivienda, subrayan.

La Oficina del Defensor del Pueblo confirma que el desahucio administrativo no es una de las preocupaciones frecuentes de la institución, ya que la Junta lo lleva a cabo de forma "muy excepcional". "No tendría sentido porque el desahuciado se convierte al minuto siguiente en demandante de vivienda", anotan.

Desde la institución que dirige José Chamizo añaden que muchas veces las viviendas sobre las que se dicta un desahucio están desocupadas y otras veces, aunque los arrendatarios tienen expedientes abiertos por no pagar durante años, "no existe certeza finalmente de que resulten desahuciados".

La ley de medidas para la vivienda protegida y suelo, de 2005, introdujo esta posibilidad del desahucio administrativo, que antes no existía. La falta de pago o no destinar la vivienda a domicilio habitual son las causas más recurrentes por las que se determina el inicio de expediente de desahucio administrativo de estas viviendas sociales.

Ahora la ejecución de los desahucios de la Junta queda en suspenso hasta nueva orden.