El ajuste "preventivo" -tal como lo denominó ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo- de 2.696,8 millones de euros al gasto de la Junta afectará a todas las consejerías y servicios, aunque el actual Gobierno andaluz, que está en funciones, no está capacitado legalmente para repartir la carga. El Consejo de Gobierno aprobó ayer esta "no disponibilidad" del gasto; justificó su provisionalidad porque aún no conoce las reformas educativas y sanitarias que va a ejecutar el Gobierno central, pero no concretó el modo, lo que permitiría comprobar su compromiso social y saber cómo hará frente a este otro modo de hacer política que enfrenta a las del PP y sus gobiernos autónomos. Tampoco está capacitado, legalmente, para hacerlo. Será el nuevo Ejecutivo, previsiblemente formado por PSOE e IU, quien especifique cómo hay que recortar por departamentos un ajuste descomunal que se eleva al 8,1% de la totalidad del gasto presupuestado para 2012.

Tal como adelantó el presidente José Antonio Griñán el lunes pasado, la Junta deberá hacer un Presupuesto nuevo de facto. El que aprobó antes de las elecciones ya no sirve, pero las dudas que aún siguen abiertas en los Ministerios de Educación y Sanidad permiten augurar un presupuesto dinámico, cambiante o, casi, mutante. La prevista caída, de nuevo, del PIB y el desfase del objetivo del déficit, tanto de Andalucía, que se quedó en el 3,22% cuando debió llegar al 1,3%, como en el resto de España y en la Administración central, acarrean un recorte de las transferencias del Estado central a las autonomías y el descenso de lo recaudado por impuestos propios o compartidos. Y a menos ingresos corrientes, muchos menos gastos, y sin opciones de mayores endeudamientos, considerando que el desequilibrio de financiación (déficit) no puede sobrepasar el 2012 el 1,5% del PIB.

La portavoz del Gobierno, María del Mar Moreno, que participa en la delegación socialista que negocia con IU el pacto de gobernabilidad para esta legislatura, aseguró que la federación de izquierdas conoce la realidad financiera de la Junta, aunque mantiene que hay margen para seguir con una política que salve los servicios sociales públicos, en especial la sanidad y la educación. Un reto harto difícil, pero ésa es la propuesta de este probable Gobierno de coalición. Griñán aseguró el lunes que se ajustará el presupuesto, pero no se recortarán derechos.

Ya no hay duda, sin embargo, tal como indicó ayer Martínez Aguayo, que las consejerías de Educación, Salud y Bienestar Social se van a ver afectadas, puesto que suponen la mayor parte del gasto de la comunidad autónoma, pero será el próximo Gobierno andaluz que, probablemente, esté constituido antes de mediados de mayo, y que seguirá estando presidido por José Antonio Griñán, el que intente cuadrar la inmensidad de este tajo con el matenimiento de la "prioridad" de la educación y la sanidad. La Consejería de Empleo sí ha calculado que su ajuste será, al menos, de 500 millones de euros a la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Martínez Aguayo admitió, después del Consejo de Gobierno, que desconoce cómo terminarán afectando, además, las reformas que los Ministerios de Educación y Sanidad van a afectar a las cuentas públicas, y es que hay que considerar que las partidas de estos dos importantes departamentos centrales repercuten directamente sobre las comunidades autónomas, puesto que son las que prestan los servicios. "Me encantaría saberlo", contestó Aguayo, a la pregunta de si los 10.000 millones de euros que el Gobierno central recortará en Educación y Sanidad -7.000 millones para el primero; 3.000 para el segundo- son adicionales o no al proyecto de Presupuestos Generales del Estado enviados a las Cortes.

Así las cosas, 2012 contará con un presupuesto restrictivo. Para el Gobierno andaluz, es el central -es decir, el del PP- el que le impone este tipo de recortes y reformas, caso de las de educación y sanidad, aunque no es menos cierto que la desviación del déficit de la Junta y la nuevas caídas de ingresos provocados por un descenso del PIB también reparten la carga. Hay que pensar que el Presupuesto de la Junta de 2012, aprobado antes de las elecciones andaluzas, incluía un crecimiento del gasto del 1,1%, cuando ahora terminará recortado en un 8,1%.

Por otra parte, la Junta previó que el PIB crecería un 1%, cuando la nueva previsión del Gobierno central es que no subirá, sino que descenderá un 1,7%. No es menos cierto que la Junta colocó ese crecimiento económico en su presupuesto según las previsiones anteriores del Gobierno central, como la mayoría de las comunidades, pero, al día de hoy, queda claro que la convocatoria de elecciones andaluzas han contribuido a parte de este desbarajuste. El Ejecutivo autonómico realizó un presupuesto expansivo para 2012 cuando el anterior había sido restrictivo, y el central, que estaba constituido a finales del mes de diciembre pasado, esperó hasta después de las elecciones andaluzas para presentarlo.