El Gobierno quiere convertir en "aliados" de la conservación litoral a los empresarios de playas, a los que propondrá que se adhieran a un manual de buenas prácticas ambientales, al tiempo que dota de seguridad jurídica a sus establecimientos mediante la reforma de la Ley de Costas. Durante un encuentro con empresarios de chiringuitos de Andalucía, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha manifestado que el Ejecutivo buscará una "alianza" con los representantes del sector para la conservación de las costas "sabiendo que viven de ello".

Ramos ha indicado que la Ley de Costas, de 1988, ha generado "complicaciones y distorsiones" en su aplicación y ha dicho que "merece la pena revisar" el texto. Ha asegurado que el Gobierno tendrá en cuenta las cuestiones planteadas por los empresarios, que ha calificado de "interesantes" y "razonables", para la reforma de la ley, que se tramitará por la vía ordinaria. El secretario de Estado ha dicho que la economía es una variable clave en la gestión medioambiental y ha destacado que existe "experiencia suficiente" en la aplicación de la Ley de Costas para "saber qué ha servido y qué ha fallado".

Sobre los plazos de las concesiones, Ramos ha afirmado que conviene revisarlas "antes de que llegue el último minuto" para su vencimiento con el fin de hacer una regulación "sensata". Entre los aspectos que ha comentado en el encuentro figura una revisión de los deslindes para unificarlos y el uso de los mecanismos ya previstos en la ley, aunque no suelen ser utilizados, para la desafectación de terrenos. En respuesta a una de las demandas del sector, ha aludido a las "situaciones injustas" que a menudo se han producido por la "rigidez" aplicada en las distancias entre establecimientos, fijada en 200 metros, y que los empresarios reclaman que no sea estricta en zonas urbanas, sin variar el número total de instalaciones. Ramos ha apostado por hacer una revisión de la ley "con el mejor asesoramiento" que dé tranquilidad a los empresarios, y asegure la conservación del litoral.

Por su parte, el presidente del PP andaluz y aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha subrayado que la historia de los chiringuitos está documentada desde la segunda mitad del XIX, por lo que constituyen una "seña de identidad" de la comunidad, y son además un elemento de preservación de las playas. "Hoy se pone fin a una operación de acoso y derribo de los chiringuitos", ha aseverado Arenas, quien ha añadido que la decisión de reformar la Ley de Costas "tiene valor económico". Arenas ha reiterado que la mayor economía sostenible para Andalucía es el turismo, "y al lado, la construcción" y se ha quejado de las "tonterías" que ha escuchado sobre el ladrillo.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha declarado a los periodistas que ellos son "los primeros interesados en que las playas sean las mejores", y ha opinado que "parece que el Gobierno está por hacer los pequeños retoques para hacer convivir medio ambiente y turismo". En Andalucía existen cerca de 2.000 concesiones de playa -de las que 900 son chiringuitos- que emplean a 40.000 personas, según los datos de la Federación.