El Ejecutivo andaluz ya ha marcado la hoja de ruta de sus relaciones con el presidente del Gobierno recién elegido. En lugar de la confrontación que caracterizó la anterior etapa en la que Gobierno y Junta eran de distinto color, a Mariano Rajoy se le brindará "colaboración", pero manteniendo una actitud exigente. Y la lista de reivindicaciones que ya tiene preparada la Junta pasa por el pago de los 1.504 millones que el Estado adeuda a Andalucía en concepto de inversiones no ejecutadas con cargo a los Presupuestos Generales de los años 2008 y 2009. Un dinero que no se sabe cuándo ni cómo se cobrará, ya que ni Junta ni Gobierno central han sido capaces de ponerse de acuerdo en los dos últimos meses y se les ha echado encima la convocatoria del 20-N, por lo que será ahora el equipo de Rajoy el que tenga que hacer frente a esta deuda que heredan de sus antecesores.

Otra reclamación que desempolvará Griñán será el trato diferenciado de las comunidades en materia de déficit -un 1,3% del PIB para el próximo ejercicio- en función de su nivel de endeudamiento -Andalucía está entre las comunidades menos endeudadas-. Algo en lo que ha venido insistiendo en cada Consejo de Política Fiscal y Financiera desde hace más de un año, encontrando siempre la negativa por respuesta de la ministra de Economía, Elena Salgado.

El tercer punto de esta tabla reivindicativa será la garantía de que habrá recursos para cumplir la Ley de Dependencia. Ahí ya se apunta un primer elemento de fricción en la relaciones Junta-Gobierno, porque en plena campaña electoral Rajoy advirtió que la aplicación de esta norma "no es viable" y, por tanto, es susceptible de verse afectadas por los recortes.

De estas reivindicaciones Griñán quiso hacer partícipe al presidente del PP-A, Javier Arenas, que no se terminó de creer esa voluntad colaboradora. En primer lugar, porque le recriminó que "siempre hace lo contrario" de lo que dice y como prueba mencionó que no haya pedido a Rodríguez Zapatero los 800 millones que ahora sí pedirá a Rajoy para completar el plan de obras de remodelación de colegios (Plan OLA) orientado a la generación empleo en el sector de la construcción. La réplica del socialista fue asegurarle que no pedirá nada al nuevo presidente que no hubiera pedido al jefe del Ejecutivo saliente.

En cuanto a que esa colaboración y esa lealtad institucional sean recíprocas no parece que no vaya a ser así, al menos, hasta pasadas las elecciones autonómicas. Al PP no le interesa enfrentamiento ninguno con Griñán y que pueda ser interpretado en clave de agravio a Andalucía, ya que las encuestas sitúan a Arenas en 2012 en la presidencia de la Junta. Pero tampoco a Griñán. De hecho, advirtió que el PSOE "no se alineará con la crisis contra el Gobierno, sino que nos alinearemos con el Gobierno en contra de la crisis", y no intentará sacar rédito electoral de ello.

Sin bajarse aún de la caravana electoral del 20-N, Arenas quiso aprovechar la plataforma del Parlamento -ya sólo quedan tres plenos antes de las próximas elecciones autonómicas- para poner en la picota el modelo de economía sostenible del PSOE: 1,2 millones de parados, 30.000 empresas cerradas en tres años mientras crece el sector público con un entramado de administración paralela, escándalos en los ERE o presupuestos "insostenibles". Una política económica de "verborrea" y no de cambio de modelo productivo que contrapuso al que se recoge en sus 190 enmiendas que presentará a los presupuestos autonómicos.

En este punto coincidió con Valderas, que demandó a Griñán una "política de rectificación" económica, aunque desde una perspectiva diametralmente opuesta: romper la dependencia de los mercados financierons y lo público como vía de creación de empleo.

Arenas no quiso dejar escapar la sesión de control al Gobierno para afear al PSOE la "tropelía" cometida en la reforma de la Ley Electoral andaluza y por la que se dejará fuera del Parlamento a los alcaldes de las próximas autonómicas -podrán presentarse, pero deberán elegir después entre el Ayuntamiento o la Cámara-. Anunció que si se produce esa "mayoría del cambio" que los sondeos auguran, devolverán las "reglas del juego" a como estaban hasta antes de ayer. Hasta entonces, las vías para frenarla será la presentación en el plazo de tres meses de un recurso ante el Tribunal Constitucional o bien que el nuevo Ejecutivo de Rajoy decretara su anulación. Esto último parece complicado. Una norma casi idéntica está en vigor en Galicia desde hace 20 años, aunque algo más restrictiva porque los alcaldes son inelegibles.