El PSOE logró ayer su objetivo de que para las próximas elecciones autonómicas los alcaldes no puedan ocupar un escaño. Aprobó en solitario la reforma de la Ley Electoral andaluza -el PP se opuso e IU se abstuvo- por la que los regidores no serán inelegibles, pero en caso de contar con el respaldo de las urnas, se verán forzados a elegir: el bastón de mando o sentarse en el Parlamento. Acaba así por quitarle al PP una de sus principales bazas, ya que suele tirar de los alcaldes como reclamo electoral situándolos como cabezas de lista. Pero eso sí, siempre y cuando no prospere el recurso que los populares ya han anunciado que presentarán ante el Tribunal Constitucional.

En realidad, ése ha sido el único escollo entre PSOE y PP. O más bien, lo único que han querido a entrar a discutir. Porque del resto de medidas que se recogen en esta reforma de la Ley Electoral han pasado por completo de puntillas. La percepción de sólo un salario, la publicidad de las declaraciones de bienes de los diputados y de las retribuciones de sus familiares y sus contratos con todas las administraciones, o la eliminación de la paga a los ex presidentes de la Junta a partir de los 65 años, no interesó. Ni en comisión parlamentaria ni en el debate final desde la tribuna.

El mejor recurso del PP para defender su negativa fue colocar al frente a la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña. "Acoso y derribo" al PP por sus recientes victorias, en especial esta última, y el miedo del PSOE a perder en las autonómicas, fueron el argumentario de Oña que, no obstante, intentó a última hora una maniobra "in voce", pero no válida -no fue entregada a la Presidencia de la Cámara-: apelando al consenso que en junio de este año quiso para esta reforma el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pidió que esta se posponga hasta la siguiente legislatura. Es decir, para cuando según indican las últimas encuestas el PP se haga con el Gobierno andaluz, que podría derogar la norma si antes no hay un pronunciamiento en contra del TC, algo que también repercutiría en una ley idéntica vigente en Galicia -es aún más restrictiva que la andaluza- y que, precisamente, fue promovida por los populares.

La hemeroteca fue la que brindó al PSOE su coartada. Ya en 1995, con unas autonómicas ya convocadas, el PP se afanó por evitar la concentración del cargo de alcalde y diputado en la misma persona. Quien lo recordó el portavoz socialista Miguel Ángel Vázquez, que provocó a la bancada popular mencionando su poco afán por la transparencia, porque así sería vox populi los "178.000 euros brutos anuales" que percibe Javier Arenas, un "perdedor" al que el PP "recolocó" como ministro de Trabajo en Madrid tras perder en 1996.

La única concesión que el PSOE hizo en el debate de esta norma fue la inclusión en el régimen de incompatibilidades de los presidentes de mancomunidad propuesta por IU -también afecta a los presidentes de diputaciones-. Esto no contentó a la formación de izquierdas, que desde un principio ha sido muy crítica con una reforma "muy cortita" que, a su juicio, no entra en asuntos de mayor calado como el cambio en la regla para el reparto de escaños, que claramente perjudica a estas siglas -en las autonómicas de 2008 en lugar de seis aforados le hubieran correspondido 10, o en el caso más reciente de las generales, en vez de los once obtenidos, IU habría logrado 25 en el Congreso- o la ampliación de la Cámara a más de 109 diputados.

En lo que sí fueron capaces de ponerse de acuerdo Gobierno y oposición fue en el escaño 110, que rebaja los criterios para dar voz a los ciudadanos y ayuntamientos en el Parlamento, siempre que sus iniciativas legislativas cuenten con el aval de 40.000 firmas -antes eran necesarias 75.000- o de 25 ayuntamientos -antes 35-.