El ex teniente de alcalde de Gil declara por el impago de 6 millones

  • El juez abre una pieza separada del caso Malaya por un presunto delito fiscal, que también se imputa a Roca, al eludir a Hacienda tras la venta de una sociedad

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El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román (GIL), comparecieron ayer ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad como imputados en un presunto delito fiscal, después de que un informe de la Agencia Tributaria lo acusara de dejar de abonar a Hacienda una cuota de 465.000 euros y casi seis millones de euros, respectivamente.

Román, procesado en el caso Malaya por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública, no ingresó en 2001 una cuota de 1,6 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en relación con la sociedad suiza Lispag, de la que formaba parte. Un año después, el ex concejal gilista dejó de pagar otros casi dos millones de euros en concepto de IRPF por la venta del 90 por ciento de las participaciones de Yambali 2000, una firma que había adquirido con anterioridad, que le supuso un beneficio de cuatro millones de euros.

Juan Antonio Roca, que también tenía participaciones en Yambali 2000, dejó de ingresar en 2002 una cuota de 465.000 euros, mientras que el abogado Juan Germán Hoffmann, no abonó 233.000 euros, según el documento de la Agencia Tributaria. El juez instructor de Malaya, Óscar Pérez, decidió hace algo más de un mes abrir una pieza separada para investigar este presunto fraude fiscal. En esta nueva causa también aparece como imputado el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.

Los imputados negaron ayer ante el magistrado haber cometido un delito fiscal y advirtieron que presentarán los informes periciales pertinentes que lo demostrarán. Algunas defensas consultadas señalaron que, en caso de que se hubiese producido un delito fiscal, éste habría prescrito y consideran que el procedimiento judicial podría quedar invalidado si la investigación está basada en una información remitida por la Fiscalía suiza, que la facilitó si no era usada para imputar un delito fiscal.

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